Exgobernador de la Guajira, Jose María Ballesteros, imputado por una larga lista de irregularidades en el PAE

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en el caso le imputó a José María Ballesteros, exgobernador de La Guajira, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado en favor de terceros, por supuestas irregularidades en un contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y por el de servicios de transporte para estudiantes. Ballesteros fue condenado en 2015 a 15 años de cárcel por apropiarse de recursos públicos en un convenio para prevenir el dengue.

El proceso que se adelanta contra el exgobernador lo relaciona con hechos de corrupción con Nutriendo Escolares de la Guajira, un consorcio que debía dar suministros de alimentos en la mañana y almuerzos a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en 15 municipios del departamento por 125 días, a través de un contrato que se dio el 19 de marzo de 2015.

Entre las irregularidades había deficiencia en 11 de los estudios técnicos y precios injustificados para las raciones o las instituciones que recibían los almuerzos. Además, el número de alumnos beneficiados no era claro y hubo una adición inconsistente de 41 mil millones de pesos.

El presunto detrimento patrimonial sería por más de 13.200 millones de pesos, según el fiscal.

Incluso el fiscal afirmó que no se consultó previamente con los pueblos indígenas, ni tampoco se dieron condiciones óptimas para la entrega y consumo de los alimentos, por lo que en muchas ocasiones, los estudiantes comían de pie en los salones, en el piso o al aire libre.

La Fiscalía estableció que por los complementos de la mañana el pago de las instituciones, por plato, fue de $1.759 pesos, lo cual es superior para lo que establece en Ministerio de Educación por $971 pesos. En el caso de los almuerzos, estos se pagaban a $2.097 pesos, cuando el MEN pedía $1.320 pesos.

El contrato por el transporte escolar, suscrito el 6 de mayo de 2015 con Unión Temporal Anas Watta Kai, y que iba enfocado en garantizar el servicio para la población infantil de bajos recursos, tuvo irregularidades a la hora de acordar quién se quedaba con él. La Fiscalía asegura que “en este proceso se habría descalificado a otro oferente que tenía la capacidad de cubrir el objeto del contrato y, mediante diferentes actuaciones, presuntamente se favoreció a la unión temporal. El material de prueba indica que, al parecer, tampoco hubo estudios previos de rigor sobre el número y tipo de vehículos necesarios, ni las instituciones o alumnos a cubrir”.

En la prestación del servicio incluido en este contrato que tenía un valor de más de 9 mil millones de pesos y que se ejecutaría en 88 días, se incluyeron municipios que no pertenecen a La Guajira como El Paso, en el Cesar, que está a 367 kilómetros de Riohacha, capital de la Guajira.

Por el momento, José María Ballesteros llevará este nuevo lío penal de manera intramural cumpliendo con su condena por los mismos delitos, en este caso por un contrato en 2014 con la Organización Latinoamericana para el Fortalecimiento de la Investigación en Salud (Olfis) y cuyo objetivo era prevenir el dengue en el departamento. Lo que afirmó la Fiscalía en su momento fue que la empresa no tenía ni la experiencia, ni la capacidad operativa, administrativa o técnica para cumplir lo dispuesto en el convenio.

Según la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, 471 millones se habrían pagado directamente a los dueños de Olfis y 200 millones se le entregaron el exgobernador Ballesteros para asegurarle a la empresa que se quedarían con el contrato.