Procuraduría abrió investigación contra directores de la cárcel La Modelo por la muerte de 24 internos en marzo

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al director de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Bogotá La Modelo, Carlos augusto Hincapié Franco; al director encargado, mayor Jorge Gama Doza; y a la comandante de Custodia y Vigilancia, teniente Elizabeth Vergara Vergara, por los hechos ocurridos el 21 de marzo tras un amotinamiento en el que murieron 24 personas privadas de la libertad y resultaron heridas otras 90, entre internos, auxiliares de custodia y miembros de la guardia.

El ente de control inició la investigación por la presunta responsabilidad disciplinaria de los directores y la comandante durante los enfrentamientos entre guardias del Inpec, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, e internos, quienes protestaban por las medidas tomadas por el Gobierno nacional para prevenir el contagio del covid-19. También estudian la orden emitida para el uso de armas de fuego y si el número de guardianes correspondía a lo requerido para garantizar la custodia en la cárcel.

De acuerdo con las necropsias practicadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la causa de muerte de los 24 internos, a excepción de una, “fueron ocasionadas por proyectil de arma de fuego”, cita la Procuraduría. Además, se estableció que 55 heridos y 2 auxiliares de custodia requirieron atención hospitaliza externa, 28 internos fueron llevados al área de sanidad y 5 funcionarios de la guardia resultaron lesionados. A su vez, la Cárcel La Modelo, informó a la Procuraduría que, la noche del motín, había 107 guardias y 57 auxiliares disponibles para brindar servicios de seguridad y apoyo.

En los documentos a los que tuvo acceso el ente de control se advertía la posibilidad de alteraciones por las medidas tomadas para prevenir la propagación del virus y la falta de atención integral en salud de los internos, declaró El Tiempo. Incluso, uno de los informes señala que la entidad encargada de brindar el servicio sanitario no estaba garantizando este servicio y, por ello, los directores de la cárcel debían tramitar los planes de emergencia.

Asimismo, la Procuraduría investiga las órdenes emitidas para aplicar el Plan de Contingencia y Emergencia que el director del Inpec impartió el 19 de marzo, cuyo primer punto hace referencia a las contingencias por amotinamiento de los internos, y las instrucciones dadas al grupo operativo especial del Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad, CORES, para apoyar la seguridad en la cárcel. Además, señala que los directores del centro carcelario debían desplegar las gestiones necesarias frente al covid-19 y que el comando de custodia y vigilancia tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad del establecimiento.

Así, el ente de control delegó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para adelantar visitas especiales al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a la Fiscalía 60 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos con el fin de recolectar pruebas sobre las conductas presuntamente irregulares registradas el 21 de marzo. También, ordenó la declaración de los miembros del cuerpo de vigilancia y custodia.

De igual forma, el Ministerio Público señaló que busca esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron las presuntas irregularidades y el posible daño causado a la administración pública. Los investigados, concluyó la Procuraduría, podrán solicitar ser escuchados en versión libre.