Capturan a tres policías en Chocó: delincuentes les pagaban hasta con oro por avisar sobre operativos contra minería ilegal

La Fiscalía General de la Nación identificó presuntos hechos de corrupción que estarían obstruyendo el desarrollo de operaciones contra la minería ilegal en el departamento de Chocó. El ente judicial logró la captura de tres integrantes de la Policía Nacional y un civil que, presuntamente, entregaban información confidencial y permitían el paso de maquinaria pesada y sustancias tóxicas hacia los ríos Quito y Atrato.

El operativo, en acción conjunta con la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, logró hacer efectiva la captura de cuatro personas que entregaban información sobre procedimientos programados contra los entables mineros que actualmente deterioran el Río Atrato y el Río Quito, dos afluentes hídricos y sujetos de especial protección constitucional.

Las investigaciones señalan, además, que los funcionarios recibían oro y dinero a cambio de la información sobre los operativos. Los detenidos son el intendente William Reyes Buitrago, el subintendente Dany Alfredo Popo Aragón y el patrullero Edwin Mena Palacios. En las diligencias también fue capturado un civil identificado como Cristian Gerardo Ríos Castillo, quien sería una de las personas que recibía detalles de los operativos y alertaba a las redes de minería ilegal de esta región del Chocó.

De acuerdo con las pruebas recolectadas, el intendente William Reyes Buitrago y el subintendente Dany Alfredo Popo Aragón estaban asignados a un puesto de control entre la vía Quibdó y el municipio de Istmina. También son señalados de permitir el paso de maquinaria pesada; piezas para ensamblar dragas, equipo que puede ser utilizado para excavar material debajo del nivel del agua para luego elevarlo a la superficie; y sustancias tóxicas y contaminantes hacia las zonas de extracción minera ilegal.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir y explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales ambientales. Además, a los tres miembros de la Policía se les formularon cargos por cohecho propio y, al civil, cohecho por dar y ofrecer. Los procesos de minería ilegal en los ríos Atrato y Quitó se desarrollaron durante dos años.

La minería ilegal en Colombia es considerada un problema público porque, para la Procuraduría General de la Nación, evade los sistemas de control sobre los recursos naturales renovables; exonera del pago de cargas tributarias establecidas por el Estado a los responsables y de las regalías para beneficio del sector salud y la educación de la población del territorio; puede ocasionar daños irreversibles e irreparables en áreas de protección ambiental como parques naturales, páramos y zonas de reserva; impide el eficiente ordenamiento territorial, que permite conocer los usos y las vocaciones del suelo y subsuelo e inciden negativamente en la formulación de políticas públicas relacionadas con la seguridad y el componente social a cargo de entes territoriales.

Para Diego Barajas, coordinador del Grupo Élite Ambiental de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, área en constante amenaza por la minería ilegal, algunos de los efectos son el daño a la capa de la cobertura vegetal, la destrucción del ciclo biológico, la sedimentación de la tierra y la contaminación de ríos y quebradas por el uso de sustancias como mercurio y cianuro.