ICBF interpone primera denuncia en la Fiscalía por las canastas alimentarias

La directora del instituto, Lina Arbeláez, dijo que no permitirá que se aprovechen de los recursos destinados para la niñez.

Lina Arbeláez, directora del ICBF
Lina Arbeláez, directora del ICBF

Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, anunció este jueves que interpuso la primera denuncia penal contra uno de los implicados en el escándalo por las canastas nutricionales que estaban destinadas a niños entre 0 y 5 años por la pandemia y que terminaron en manos de personas fallecidas.

Arbeláez afirmó que la denuncia es el resultado de las primeras investigaciones que adelantó el ICBF. “Corresponde a la entrega de canastas alimentarias a 36 niñas y niños, reportados como fallecidos después de haber sido emitida su acta de defunción. Esto fue corroborado con la Registraduría Nacional”, expresó la directora.

Aseveró también que “no permitiremos que se lucren con los recursos de la niñez. A quienes intentaron aprovecharse, les digo que serán castigados de manera ejemplarizante. Un país que garantiza el bienestar de la niñez y castiga a los corruptos, está destinado a ser grande”.

El escándalo se dio después de que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloria emitiera 69 alertas sobre posibles irregularidades en la entrega de estas canastas.

Las distribuciones de estas canastas fueron hechas por contratistas de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a madres comunitarias e instituciones prestadoras de servicios, y su objetivo era proveer alimentación para niños y niñas a través de planillas gestionadas a mano, que fueron, con posterioridad, base de la investigación que permitió a la entidad establecer la alerta.

Al determinar la gravedad de la situación, el proceso fue asumido por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la misma Contraloria. La decisión del organismo de control se debe al alto monto de dinero que representa el hecho.

Con las entregas a estas personas, el detreimiento patrimonial con este programa, dirigido a niños y niñas de 0 a 5 años en medio de la cuarentena nacional que vivió el país, asciende a los 2.241 millones de pesos.

Algunas entregas irregulares fueron a una mujer que, en Chimichagua, Cesar, reclamó, en representación de 172 niños diferentes el mismo número de canastas alimentarias, también está el caso de un hombre que recibió 134 raciones por sus sobrinos o de un señor que dijo ser el acudiente de 195 menores de edad en Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Ábrego y El Carmen, en Norte de Santander.

Por su parte, el presidente Iván Duque dijo “Es doloroso que se presenten ratas de alcantarilla, que son esos contratistas que tratan de buscar artilugios para desviar recursos, para quedarse con ellos en los recursos y no entregárselos a los niños de Colombia” y también habló del proceso de digitalización que facilitó que se diera este escenario ya que todos los formularios y planillas de entrega se hicieron a mano.

Con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también en lo que tiene que ver con los contratistas, se han venido dando pasos importantes de control, a través de la tecnología. Lo cierto es que llevamos 27 meses de gobierno tratando de acelerar el proceso de digitalización”, concluyó.