La carta que llegó al Consejo de Seguridad de la ONU por creciente violencia contra excombatientes y líderes sociales en Colombia

La misiva, firmada bajo el movimiento ciudadano ‘Defendamos la Paz’, denuncia las amenazas en las que se han visto incolucrados física y jurídicamente excombatientes de las Farc-EP y los homicidios de los líderes y lideresas sociales en los territorios debido al no accionar por parte del Gobierno del presidente Iván Duque.

Protestas en la Plaza de Bolívar en contra del asesinato contra lideres sociales.
Protestas en la Plaza de Bolívar en contra del asesinato contra lideres sociales.

El documento enviado a los embajadores de la ONU denuncia que, según el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en septiembre de 2020, desde la firma del Acuerdo de Paz se han presentado 297 ataques a exmiembros de las Farc-EP: 224 asesinatos, 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio.

Hoy, la cifra de muertes asciende a 242. Además, la carta señala que, en lo que va de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia recibió información de 110 casos de asesinatos de defensores y defensoras de Derechos Humanos, de los cuales fueron verificados 51.

Por ello, negociadores de paz, senadores y académicos se unieron para manifestar que el Gobierno nacional no ha tomado las medidas correspondientes para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz.

La carta es enfática al denunciar que los compromisos gubernamentales pactados en el punto 3.4 del Acuerdo de Paz han sido incumplidos, pues no se han considerado las garantías de seguridad para excombatientes, defensores/as de DD. HH, movimientos sociales o movimientos políticos y aquellos que luchan contra las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.

La omisión de lo pactado en los Acuerdos se ve reflejada en la ausencia de la política pública de protección y análisis del crimen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Además, señalan que, dada la falta de compromiso del presidente Iván Duque, quien preside la Comisión, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó su convocatoria, pues solo se han realizado tres reuniones en los dos años de su mandato.

Según la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, estas reuniones, por mandato del Decreto Ley 154 de 2017, deben ser convocadas cada mes. Asimismo, este Decreto estipula que la Comisión debe hacer seguimiento a la desarticulación de las organizaciones o conductas criminales causantes de homicidios.

El Gobierno, además de no castigar la violencia que se presenta en los territorios ha emprendido una campaña de desprestigio contra el proceso de paz, asegurando que la responsabilidad de los hechos recae en el Acuerdo. Esta afirmación es desmentida por los firmantes al explicar que el texto brinda la información necesaria para detener la violencia en el país.

Los defensores de La Paz también aseguran que la seguridad jurídica del país está en riesgo dados los constantes ataques del Presidente Iván Duque contra el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y Garantías de No Repetición del la JEP. Además, ha deslegitimado su accionar al señalar que no fueron las Farc-EP las que asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado, como así lo aseguraron ante la Jurisdicción exmiembros del grupo armado, sino “las balas asesinadas del narcotráfico”, cita el documento. Asimismo, el presidente ha vulnerado la independencia de la JEP al dictar órdenes e intentar imponer su normativa bajo especulación.

Estas denuncias buscan poner en conocimiento “la responsabilidad del Gobierno de Colombia por omisión ante los atentados contra la vida de quienes apostaron la paz”. Señalan, además, que el discurso del Presidente Iván Duque y sus representantes es distinto al emitido por el Consejo de Seguridad. Lo más grave que puntualiza la denuncia es que, en caso de no tomar medidas efectivas para impedir los asesinatos y las masacres, el incumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado convertirían a Colombia en “una amenaza a la paz y seguridad internacionales”. Por ello, solicitan que sea la ONU quien le exija al Gobierno del presidente Iván Duque un mayor compromiso con el Acuerdo de Paz.

“Defendamos la paz” reúne a delegaciones negociadoras del Acuerdo de Paz, líderes y lideresas sociales, defensores de Derechos Humanos, organizaciones de víctimas y de mujeres, indígenas, afrodescendientes, exministros, congresistas, sindicatos, empresarios e intelectuales en pro del anhelo de paz.

Algunos de los firmantes son Rafael Pardo, exnegociador de paz con las Farc-EP y el ELN; Roy Barreras, senador y exnegociador de paz con las Farc-EP; Rodrigo Londoño Echeverri, presidente del partido Farc; Pablo Catatumbo, exnegociador de paz y senador; Victoria Sandino, exnegociadora de paz y senadora; Iván Cepeda, senador y facilitador del Proceso de paz con las Farc-EP; Ana Teresa Bernal, defensora de DD. HH y exdirectora de participación en la Unidad de Víctimas; Andrei Gómez, investigador asociado de la Universidad de Bristol; Ángela María Robledo, representante a la cámara; Armando Benedetti, senador; Eda Castilla Bonilla, profesora de la Universidad Nacional; Hollman Morris, periodista y exconcejal; Jaime Navarro Wolff, secretario general de Alianza Verde y Jesús Abad Colorado, periodista y fotógrafo documental.