Colectivo de abogados solicita suspender audiencia para retomar aspersión aérea en Colombia

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo enuncia diferentes argumentos para impedir que se lleve a cabo la audiencia convocada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Entre 1999 y 2015 se fumigaron con glifosato 1’800.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia.
Entre 1999 y 2015 se fumigaron con glifosato 1’800.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) solicitó, este jueves 26 de noviembre, la suspensión de la nueva audiencia pública ambiental convocada por la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) para el próximo 19 de diciembre con la que se busca retomar la aspersión aérea con glifosato en el país.

El colectivo, las organizaciones sociales y los ciudadanos que firmaron la tutela con la que se frenaron las aspersiones aéreas con glifosato en Colombia, dirigieron una “comunicación urgente” para que se suspenda la nueva audiencia pública convocada con la Anla, dentro del procedimiento administrativo que busca la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) en 104 municipios distribuidos en 14 departamentos del país”, indica el colectivo en un comunicado.

Para el colectivo de abogados es preocupante que las reuniones informativas que se llevarán a cabo desde el próximo sábado 28 de noviembre al 3 de diciembre, y la audiencia ambiental programada para el 19 de diciembre, desconozcan las órdenes emitidas por el juzgado y no ofrezcan garantías de participación a las comunidades afectadas.

Cajar indicó en el comunicado que esta audiencia ha sido suspendida en dos oportunidades durante este año. en mayo y septiembre, debido a que no disponía de garantías “reales y efectivas” para la participación de la comunidad estipulada por la ley y la Corte Constitucional. Así como los fallos de primera y segunda instancia, “sin que la autoridad nacional haya garantizado y demostrado la posibilidad de acceso y participación masiva de la población como lo determinó el fallo”, puntualizó el colectivo.

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Para Cajar existe un desconocimiento de las órdenes emitidas por el Juzgado debido a que las entidades deben comunicar el plan desarrollado de cómo se cumplirá la orden judicial informando, con cinco días de antelación. las estrategias que se adelantarán para rehacer las tres audiencias informativas.

A su vez, el colectivo indicó que no existieron cambios sustanciales en la convocatoria hecha por la Anla debido a que se pasó de 11 a 17 espacios informativos presenciales en los 104 municipios de 14 departamentos en los que se retomarían las aspersiones en el país, lo que representa poco más del 6% de los espacios de participación de la ciudadanía.

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De igual forma, Cajar evidenció que el cambio de sede de la audiencia de Bogotá a Florencia, Caquetá, que será replicado a su vez en 16 espacios alternos, resulta insuficiente y no representa las garantías para las comunidades afectadas.

Asimismo, el colectivo se preguntó si existirá un verdadero espacio de participación durante los eventos que permita un diálogo óptimo con la población, como lo exige la Corte Constitucional.

Colombia realiza fimigaciones aéreas con herbicidas para erradicar cultivos ilícitos desde 1982.
Colombia realiza fimigaciones aéreas con herbicidas para erradicar cultivos ilícitos desde 1982.

Por otra parte, Cajar señaló que el Plan de Manejo Ambiental ha sido diseñado por las mismas entidades que realizarán las aspersiones, sin embargo, este tiene que ser diseñado y reglamentado por organismos independientes y diferentes de las entidades que llevarán a cabo las fumigaciones.

Así también, el colectivo indicó que las poblaciones donde se llevarán a cabo estas fumigaciones no cuentan con una conectividad y redes óptimas para obtener la información lo que representa un obstáculo para que las distintas comunidades conozcan del plan de manejo.

“También insistimos en el llamado al gobierno Duque para que desista de fórmulas fracasadas y violentas frente al problema de las drogas, que acoja el punto 4 del Acuerdo de Paz y las sentencias de la Corte Constitucional que trazan una ruta eficaz y realmente transformadora de las causas del flagelo del narcotráfico”, concluyó el comunicado del colectivo de abogados.

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