Controversia en el Senado por ascensos de militares señalados por falsos positivos

Human Rights Watch denunció que dos oficiales, ascendidos con el beneplácito del Congreso, comandaron tropas vinculadas en ejecuciones extrajudiciales en el Magdalena.

Jose Miguel Vivanco, director of Human Rights Watch Americas, gestures as he speaks during a presentation of the organization's World Report on Human Rights, in Mexico City, Mexico January 15, 2020. REUTERS/Andrea Martinez NO RESALES. NO ARCHIVES
Jose Miguel Vivanco, director of Human Rights Watch Americas, gestures as he speaks during a presentation of the organization's World Report on Human Rights, in Mexico City, Mexico January 15, 2020. REUTERS/Andrea Martinez NO RESALES. NO ARCHIVES

La Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el ascenso de 46 oficiales de la Policía y el Ejército que fueron promovidos por el Gobierno Nacional. Sin embargo, algunos de ellos son señalados por delitos de falsos positivos.

Por esta razón la oposición se retiró del recinto para no votar y advirtieron que varios de esos ascensos están salpicados del escándalo por ejecuciones extrajudiciales, además de corrupción.

“Hoy se va a repetir en el Congreso ese acto consuetudinario en el que son ascendidos oficiales de la Fuerza Pública que están acusados o investigados por graves hechos de violación de derechos humanos y de corrupción. A pesar de que hemos advertido claramente que hay tres oficiales cuyo ascenso debiera ser suspendido, la Comisión Segunda desatiende nuestros llamados a estas advertencias, que también provienen de la organización Human Rights Watch”, dijo el senador Iván Cepeda.

Los tres oficiales cuestionados son los brigadieres generales Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez y Mauricio Moreno.

Por su parte, el ministro de Defensa defendió a los miembros de la fuerza pública denunciando una campaña de estigmatización contra ellos, basándose en que tienen derecho a la presunción de inocencia y que ninguno ha sido vencido en juicio. “Mucho mal se le hace a Colombia cuando de esa manera se viola la constitución desconociendo las garantías fundamentales que tienen los ciudadanos”, afirmó.

General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo

Acerca del general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, en un informe de la HRW, compartido por José Miguel Vivanco, se informa que fue comandante del batallón Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada. entre octubre de 2006 y abril de 2007.

Lo que preocupa es que, según HRW, en la Fiscalía se están llevando a cabo investigaciones sobre 22 presuntos asesinatos en el 2007 y 23 en el 2006, perpetrados por soldados de ese batallón.

“Por ejemplo, en 2011, un tribunal condenó a cuatro soldados del batallón Anastasio Girardot por el homicidio, en diciembre de 2006, de dos civiles que fueron reportados como milicianos de las FARC”, explicó la organización en su informe.

Human Rights Watch tuvo acceso a un documento en el que Pinto Lizarazo certificó un pago de $1.500.000 pesos a un informante que, según parece, brindó información para dar con Ever Urquina Rojas, un campesino asesinado por soldados del batallón Magdalena el 18 de enero de 2008, a quien hicieron pasar por un enemigo “NN” muerto en combate. El sargento William Andrés Vargas Capera confesó y se declaró culpable por este hecho.

Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, además, fue uno de los militares retratados por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice) en los reconocidos murales de “¿Quién dio la Orden?”

General Édgar Alberto Rodríguez Sánchez

Al igual que el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Édgar Alberto Rodríguez Sánchez también estuvo al mando del Batallón Magdalena de la Novena Brigada, solo que entre julio de 2006 y diciembre de 2007, años en que, según documentos de la Fiscalía citados por HRW, presuntamente se perpetraron 22 homicidios por parte de soldados bajo su mando.

Mauricio Moreno, por corrupción

El senador Cepeda dijo que Moreno aceptó que miembros de contrainteligencia fueran a Bucaramanga donde a algunos los sometieron a procedimientos de polígrafo no autorizadas para saber quienes estaban entregando informacion sobre irregularidades del Ejército a medios de comunicación.