Comunidades religiosas deben reconocer pensión a sus miembros: Corte Constitucional

Para la corte resulta contrario al principio de solidaridad que las comunidades religiosas no afilien a las personas a pensiones, pero se desentiendan de ellas cuando llegan a su vejez.

Foto de archivo. Panorámica del edificio en donde funciona la Corte Constitucional en Bogotá, Colombia, 10 de septiembre, 2019. REUTERS/Luisa González
Foto de archivo. Panorámica del edificio en donde funciona la Corte Constitucional en Bogotá, Colombia, 10 de septiembre, 2019. REUTERS/Luisa González

Después de estudiar el caso de Irma del Socorro Sanzón, una mujer que trabajó toda su vida como profesora de canto en diferentes colegios, entre ellos varias instituciones en Bucaramanga, Popayán y Piendamó que pertenecen al Instituto Hermanas Bethlemitas, la Corte Constitucional decidió que las congregaciones religiosas deben reconocer las semanas de pensión, así sea un servicio voluntario.

Hace dos años, en noviembre de 2018, la mujer le pidió a Colpensiones y al lugar donde trabajó que hicieran el cálculo de los seis años que trabajó en dichos colegios (1970 - 1976), además del bono pensional que le correspondía y que, en total, sumaba 10 años. Sin embargo, la congregación se negó a hacerlo diciendo que su trabajo era parte de la formación religiosa y de evangelización y las normas canónicas no lo contemplaban.

Por esta razón, sus semanas de cotización llegaban a 1.234, de las 1.300 que pide la ley, así que interpuso una tutela que terminó escalando hasta la Corte Constitucional que, entre argumentar su competencia y explicar que el decreto 3615 de 2005 que exige afiliar como independientes a la seguridad social a los miembros de las iglesias no aplica en este caso porque los hechos se dieron antes, dijo que existe un límite constitucional de la autonomía que tienen las congregaciones religiosas y que si no se garantizan los derechos fundamentales, el Estado debe intervenir.

También dijo que “la demandante es un sujeto de especial protección constitucional, dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra, en razón de lo siguiente: (i) su estado de salud, pues padece laringitis crónica, artritis y rinitis; (ii) su compleja situación económica, ya que no puede laborar por tales patologías y, por ende, no percibe un salario o ingresos fijos; y (iii) se trata de una persona de la tercera edad con 71 años, con las limitaciones naturales que ello implica, tanto físicas como ocupacionales”.

Por lo cual estableció que el Instituto Bethlemitas violó los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso administrativo de la mujer. Además reiteró que sí se deben reconocer esos seis años de trabajo como profesora porque, a pesar de que es voluntario el trabajo que se hace, esto se semeja a la figura de trabajador independiente “por lo que es deber de las entidades, asociaciones y/o gremios a los cuales pertenecen, cotizar a pensión y a seguridad social”, dijo la Corte.

Y aseveró que si no se afilian a los miembros a la seguridad social, se dará por entendido que cuidarán de estos en la vejez, en situaciones de enfermedad o discapacidad, garantizando un trato digno y condiciones de vida óptimas.

Finalmente el alto tribunal le concedió la tutela a Irma del Socorro Sanzón y exigió al Instituto que realice los trámites pertinentes, en 15 días, para reconocer las semanas faltantes y permitirle acceder a la pensión, justo como lo había determinado un tribunal en primera instancia, pero que la decisión en segunda instancia revocó.

En la sentencia T-658 de 2013, la Corte ya se había pronunciado sobre un caso parecido y afirmó que “resulta contrario al principio de solidaridad que aquellas congregaciones religiosas que, en ejercicio de su autonomía, optaron por no afiliar a sus miembros al sistema de seguridad social, luego aspiren a que el erario público cubra los costos que implica la cobertura de las contingencias de vejez, enfermedad o discapacidad de sus integrantes cuando, por otra parte, se beneficiaron de las contribuciones que estos prestaron como miembros activos de la comunidad y no dispusieron lo necesario para que estos realizaran sus aportes a la seguridad social”.

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