El balance del coronavirus en las cárceles tras ocho meses de pandemia en Colombia

Prisiones del país no han sido ajenas a la emergencia sanitaria. Hacinamiento y escasez de protocolos han complicado el control de la enfermedad.

Cárcel La Picota en Bogotá, centro penitenciario más grande y de máxima seguridad de Colombia / (Inpec).
Cárcel La Picota en Bogotá, centro penitenciario más grande y de máxima seguridad de Colombia / (Inpec).

Luego de ocho meses la llegada del coronavirus a Colombia, las prisiones o centros penitenciarios carcelarios del país se han convertido en un foco de contagio inminente.

De acuerdo con un balance realizado por el diario El Espectador, más de 17.000 reclusos en Colombia se han contagiado de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Es decir, en ocho meses de reclusión penitenciaria, el distanciamiento social no ha sido posible en las cárceles y, pese a que se están implementando condenas por detención domiciliaria para evitar sobrepoblación en los centros penitenciarios, los reclusos actuales han sido víctimas del virus.

Pues bien, mientras fuera de prisión solo se infecta una de cada 1.000 personas, en centros carcelarios del Inpec la cifra asciende a 11.28 contagios por cada 1.000 reclusos, cifras alarmantes teniendo en cuenta que en 1998 la cifra de presos era de 44.439 y en 2013 se triplicó, pasando a ser de más de 120.000.

Datos entregados por el Inpec dan cuenta de 1.118 casos activos para mediados de noviembre de 2020 en todas las prisiones de Colombia:

Infografía de estadísticas de contagios dentro del Inpec / (Inpec).
Infografía de estadísticas de contagios dentro del Inpec / (Inpec).

El primer contagio

El primer caso positivo para COVID-19 registrado desde una prisión en Colombia sucedió en abril en la cárcel de Villavicencio, el condenado había quedado en libertad poco tiempo después de haber sido diagnosticado con la enfermedad y en cuestión de días murió.

A raíz de ese caso, las autoridades llamaron la atención de los reclusos y del Estado, considerando que se habían presentado disturbios dentro de los centros penitenciarios como respuesta a los contagios en las cárceles y el hacinamiento del que son víctimas los presos.

Desde entonces, el Inpec ha informado que en total se han reportado 17.998 casos de contagio por COVID-19, sin mencionar aquellos en los que no hay pruebas de detección PCR o los reclusos sean asintomáticos. El centro carcelario masculino que más casos ha registrado es La Picota de Bogotá, con un total de 1.706, seguido de La Picaleña de Ibagué, con 1.400. Para el caso femenino, donde más se han presentado contagios es en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, con un total de 900 casos, y le sigue la Cárcel de Mujeres de Armenia, en Quindío, con 136 contagios.

Las medidas tomadas luego de ocho meses de pandemia

El general Norberto Mujica, director del Inpec, ha indicado que el hacinamiento se ha intentado controlar y está actualmente en un 23.3%. Además, dijo que está controlando la problemática del virus en los centros penitenciarios y reactivando actividades como los permisos mensuales de 72 horas y la posibilidad de que los reclusos puedan recibir visitas de familiares y abogados.

Los funcionarios del Inpec también han sido víctimas de contagio por COVID-19. La enfermedad ha cobrado la vida de nueve funcionarios de la institución, entre los 35 y los 57 años. El líder sindicalista Óscar Robayo declaró que, en una de las cárceles de Cauca, donde el Inpec registra dos funcionarios fallecidos, el dragoneante Alcides Daza presentó un requerimiento de teletrabajo, pero murió de coronavirus sin recibir respuesta del director a esa solicitud.

Por su parte, Manuel Iturralde, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y co-autor de Los Muros de la Infamia, señaló a El Espectador que la pandemia puso al desnudo a un sistema penitenciario al que calificó de ‘denigrante’ desde 1998, añadiendo que parece una colcha de retazos:

Desde 1998 el país no ha podido superar una de las violaciones más graves a la actual Carta Magna: el estado de cosas inconstitucional. A través de tres sentencias, en 1998, 2013 y 2015, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la difícil situación en las cárceles del país. El manejo histórico de la política criminal en el país ha contribuido a perpetuar la violación masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e impide, en la actualidad, lograr el fin resocializador de la pena

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