Se reanudan audiencias sobre glifosato, a pesar de negativa de comunidades

Por solicitud del Procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, se llevará a cabo, el próximo 28 de noviembre, después de dos aplazamientos, una audiencia pública relacionada con la modiciación del Plan de manejo ambiental para la actividad y para la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aerea con glifosato, a cargo de la Policía Nacional, pese a que las comunidades expresaron su rechazo por esta citación, argumentando falta de participación y manifestando que no quieren usar el herbicida.

La audiencia se ordenó desde abril de este año, en el Auto 03071, expedido por el Juez Segundo Administrativo del Circuito de Pasto, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, (ANLA) mediante el Auto 10820 del 12 de noviembre de 2020, levantó la suspensión que, por segunda vez, se le había hecho a la audiencia.

Esta vez se deberán cumplir las normas de bioseguridad y habrá un mayor cubrimiento en los departamentos que serían objeto de la aspersión aérea con glifosato.

La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dice que se realizarán las reuniones afirmativas desde el 28 de noviembre hasta el 3 de diciembre y el 19 de diciembre se llevará a cabo la audiencia ambiental.

Esto se da después de una carta publicada en el sitio web Colectivo de Abogados, en representación de la comunidad afectada en la que argumentan que la audiencia ya había sido suspendida en dos ocasiones (mayo y septiembre de 2020) porque no estaban dadas las “garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general, y conforme a los parámetros de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015”. Según el documento, no se pueden dar estas audiencias sin demostrar “la posibilidad de acceso y participación masiva de la población”.

Para el Colectivo, se están desconociendo las órdenes emitidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, encargado de hacer seguimiento al fallo de tutela que detuvo las aspersiones aéreas, ya que, se debería haber informado con cinco días de antelación que se iniciarán los trámites para rehacer las tres audiencias informativas, pero, al parecer, la dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional envió la propuesta el pasado 6 de noviembre sin avisarle a dicho Juzgado.

Otro de los puntos que se tocaron es que se mantuvo la modalidad virtual y que solo se aumentaron seis espacios físicos para llevar a cabo la audiencia, quedando con un total de 17, siendo esto insuficiente para el Colectivo, pues las aspersiones se pretenden retomar en 104 municipios. Es decir, los 17 espacios representarían el 6.24% del 100% de áreas a fumigar.

Según el comunicado, este número “es prácticamente nulo para garantizar plenas garantías de participación, tal y como lo dice el Decreto 1076 de 2015, donde se señala que para la realización de las audiencias ambientales se debe realizar en la sede de la autoridad ambiental competente, alcaldía municipal, auditorios o en lugares ubicados en la localidad donde se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad, que sean de fácil acceso al público interesado”.

Además, se realizará una audiencia en Florencia-Caquetá que se replicará 16 veces. Esto también es un punto que los abogados cuestionan ya que es necesaria una participación en doble vía, aspecto que podría no darse de manera eficiente ya que los 17 lugares habilitados estarán solo al 50% de capacidad y los canales son de una sola vía (Youtube, Facebook y Canal 13).

El enfoque diferencial frente a accesibilidad y el reconocimiento de comunidades campesinas, indígenas o afros también son parte de los reclamos, ya que, los abogados hacen un llamado a reconocer que pueden haber dificultades de conectividad y acceso a las tecnologías.

“Por todo lo anterior, solicitamos se suspenda de nuevo la audiencia ambiental, hasta tanto no estén dadas las condiciones para garantizar de manera real y efectiva la participación de las comunidades afectadas, pues no resulta pertinente realizarla en medio de las restricciones que impone la pandemia actual”, se lee en el documento.

Finalmente, el Colectivo dice que es una forma de concentrar “forzosamente las reuniones informativas”, señalado por los abogados como una conducta antidemocrática en un tema sensible como la aspersión aérea sobre hectáreas y comunidades.