Grafitis: otra macabra forma de intimidación de los grupos armados ilegales en Colombia

Los grafitis alusivos al Clan del Golfo, también denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, SGC, aparecieron el 1 de octubre en 62 municipios del departamento de Antioquia, Bolívar, Magdalena Medio y San Andrés Islas. Las paredes de las casas, locales comerciales y parques públicos fueron los lugares para dejar mensajes alusivos a este grupo armado ilegal. Incluso, aparecieron panfletos asegurando que tomarían acciones.

Los panfletos anunciaban el rechazo al uso violento de la fuerza por parte de la Policía Nacional durante las manifestaciones realizadas a nivel nacional. Condenan a esta institución pues “se ha convertido en un ente generador de violencia que atenta contra los ciudadanos”. No anunciaron ninguna acción concreta, pero aseguraron que no serán “ajenos al dolor nacional”, pues la población está desprotegida por el Estado y perseguida por la guerrilla de las FARC-EP.

Para el representante a la Cámara del partido Alianza Verde León Fredy Muñoz, es evidente la relación entre la localización de los municipios en los que aparecieron los mensajes con la ubicación de firmantes del Acuerdo de Paz. Denuncia que son “agresiones de distintos actores armados que, en sus pugnas territoriales, ejercen distintas estrategias de control a través de la violencia”.

Muñoz asegura que esta es una forma sanguinaria de ratificar su dominio en distintos territorios, pues se valen del hostigamiento y el asesinato de líderes sociales que representan el último eslabón del Estado para ejercer la participación ciudadana. Estos grafitis del terror, en palabras de Muñoz, representan la certeza de que se desplegará la violencia contra la población.

Según el último informe de masacres en Colombia durante el 2020 presentado el 31 de octubre por Indepaz (instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), el departamento más afectado es Antioquia con 15 asesinatos, seguido del departamento del Cauca, Nariño y Norte de Santander. En total 278 personas han sido asesinadas. También, en otro informe que abarca desde el 2018 hasta el 15 de julio de 2020, Indepaz asegura que los liderazgos más afectados están relacionados con la reclamación de tierras y la implementación de sustitución de cultivos.

Este último informe le permite a Muñoz concluir que el objetivo principal de los ataques a líderes y las amenazas es acabar con las personas que “podían presentar contratiempos en el despliegue de proyectos de la economía ilegal y legal”. Asimismo, señala que los grafitis están estratégicamente ubicados en zonas de expansión. Zonas como el Urabá están bajo su dominio completo, pero territorios del norte de Antioquia y bajo Cauca están en disputa con el Bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocidos como los Caparrapos.

Zonas como el Urabá, norte de Antioquia y el bajo Cauca, señala el Representante Muñoz, cuentan con corredores de narcotráfico, explotación minera ilegal y cultivos de coca. Muñoz, además, hace otra conexión: el norte de Antioquia y el bajo Cauca son zonas con mayor cantidad de cultivos de coca en el departamento “y a la vez, en las que más lideres sociales han sido asesinados”. Recalca el caso del municipio de Tarazá, en el que han sido asesinados seis lideres y lideresas campesinos.

Muñoz concluye que el asesinato sistemático de líderes sociales se debe a la falta de implementación del Acuerdo de Paz, pues los intereses económicos de los grupos armados ilegales atentan contra cualquier posibilidad de resistencia de la población.

Jorge Castaño, Secretario de Seguridad de Antioquia, también se pronunció frente a estos actos intimidatorios por parte de organizaciones criminales, pero esta vez en relación con los hechos presentados en el municipio de San Roque. Los hechos ocurrieron a inicios de septiembre cuando varios hombres armados atemorizaron a la población y demarcaron las casas de algunas familias.

El secretario explicó en Caracol Radio que la zona del noreste antioqueño está es disputa entre varias organizaciones ilegales dada su ubicación estratégica. El corregimiento de Providencia, en el que se presentaron los hechos, está sobre la vía que comunica el Magdalena Medio con la ciudad de Medellín. Allí hay conflicto por narcomenudeo y microtráfico, señaló. Los altos niveles de consumo de estupefacientes han agravado la situación de seguridad. Incluso la situación ha sido catalogada como ‘La nueva pandemia’.

El Clan del Golfo, según las autoridades, es una de las principales amenazas a la seguridad, pues controlan rentas ilegales asociadas a minería ilegal y narcotráfico, extorsionan y atentan contra la vida de la población.

Además, estos grafitis han intimidado a la comunidad educativa principalmente en las universidades públicas. En el 2017, por ejemplo, estos mensajes amenazantes aparecieron en la Universidad Pedagógica Nacional. Los estudiantes señalaron que era un acto intimidatorio contra las luchas que se libra la comunidad universitaria. También, los estudiantes han sido amenazados por grupos paramilitares como las Águilas Negras.

En la columna escrita por Gerard Barr en The Bogotá Post en 2016 titulada The writing’s on the Wall (la escritura está en la pared), se intentó responder a la pregunta de por qué los grupos armados deciden marcar las paredes, automóviles, camiones, furgonetas, entre otros. Incluso, aseguró que alguna vez vio el acrónimo ‘AUC’ pintado en las víctimas. El problema se da, principalmente, porque en un mismo territorio coexisten varios grupos armados'. Rara vez hay una 'línea de frente’ en el conflicto, aseguró. Entonces, el territorio se convierte en un “mosaico de zonas, como feudos medievales presididos por una milicia u otra”, con límites y lealtades cambiantes. La población, en mitad de este conflicto, no sabe “a quién pagar, a quién ofrecer apoyo, con quién estar de acuerdo”.

El origen del Clan del Golfo

Gerard Barr, además, explica cómo nació este grupo armado ilegal. Establece que sus inicios se dieron con el EPL (Ejército Popular de Liberación). En 1990 se unieron a grupos paramilitares de derecha como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Así, se convirtieron en el grupo paramilitar AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), cuyos miembros “entregaron las armas en 2004”. El proceso pretendía desmovilizar a 13.000 miembros de dicho grupo armado. Sin embargo, algunos miembros decidieron crear las BACRIM (Bandas Criminales) y, posteriormente, el Clan Úsuga, Los Urabeños y actualmente conocidos como el Clan del Golfo.

Así, fue evidente que el proceso de desmovilización fracasó. Barr asegura que varios barones de la droga “compraron” puestos como comandantes de la AUC para ganar sentencias reducidas, “mientras que algunos de los comandantes genuinos fueron enviados a cárceles en Estados Unidos para amordazar sus vínculos con los políticos”.

Para Barr, uno de los argumentos de los exmiembros de las AUC para formar o vincularse a nuevas líneas de crimen organizado fue más una estrategia de supervivencia que una vocación criminal, pues los asesinatos incrementaron luego de la fallida desmovilización. Y, también, en concordancia con el Representante Muñoz, asegura que el problema es del Estado, pues no garantiza la seguridad de quienes optan por desmovilizarse.

Asi, las paredes se han convertido en otro medio para amenazar a la población: