La OEA designó a un encargado para hacer seguimiento al caso Uribe

Frank Rooney, congresista republicano de Estados Unidos, había pedido a esta organización que estuviera pendiente del proceso por falsos testigos del exsenador de la República.

Former Colombian President Alvaro Uribe, who is under investigation for alleged witness tampering, speaks during a statement to the media after a judge lifted a house arrest order against him, in Monteria, Colombia October 12, 2020. REUTERS/Luis Dario Diaz. NO RESALES. NO ARCHIVE.
Former Colombian President Alvaro Uribe, who is under investigation for alleged witness tampering, speaks during a statement to the media after a judge lifted a house arrest order against him, in Monteria, Colombia October 12, 2020. REUTERS/Luis Dario Diaz. NO RESALES. NO ARCHIVE.

La defensa del expresidente Álvaro Uribe se reunió este viernes 30 de octubre con miembros de la Organización de Estados Americanos. Los abogados pidieron que el organismo acompañe el proceso.

Antes de reunirse con los miembros de la OEA, los defensores del expresidente enviaron un documento en el que relatan las violaciones a los derechos que, según ellos, se han presentado en el proceso.

El Tiempo informó que el archivo tiene 13 supuestas violaciones concretas que, a juicio de los abogados, estarían afectando los derechos fundamentales y el debido proceso en el caso por fraude procesal y falsos testigos en el que Álvaro Uribe está siendo investigado.

Luis Almagro, secretario general del organismo, designó, luego de la reunión, a un alto funcionario de la organización para que hiciera seguimiento al proceso del exsenador.

Tras el encuentro, se conoció que el secretario general del organismo, Luis Almagro, designó a un alto funcionario para que haga seguimiento al proceso.

Víctor Mosquera, quien lidera la defensa internacional de Uribe Vélez, agradeció a la OEA esta designación para que haga seguimiento especial al juicio del expresidente.

Agradecemos al Secretario General de la OEA que haya designado al secretario jurídico de la OEA para hacer seguimiento al proceso y por disponer que se envíe la información suministrada a la CIDH que comporta violaciones a garantías judiciales.

El abogado explicó que se llevará al organismo un informe a la CIDH para que, de la misma manera, se realice un monitoreo del caso por parte del organismo.

Frank Rooney, congresista republicano de los Estados Unidos del más alto rango en el Subcomité para el hemisferio occidental en la Cámara de Representantes, envió una carta a Almagro, el pasado 14 de octubre, pidiendo acompañamiento urgente al caso.

“No cumplir con las garantías del debido proceso, especialmente ante una investigación tan politizada, deteriora el marco y las instituciones democráticas en el hemisferio. Y cuando es dirigida contra alguien como Uribe, que tiene un legado de defender la democracia frente a constantes ataques, es especialmente peligroso a la hora de aferrarnos a los principios democráticos que compartimos y que son el corazón de la Carta Democrática de la OEA y los valores que compartimos”, se puede leer en la carta de Rooney.

En la actualidad, el caso está en el despacho de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Sala de Instrucción perdiera la competencia del proceso tras la renuncia de Uribe a su curul en el Senado.

El caso Uribe

El pasado sábado 10 de octubre, la juez 30 de garantías Clara Ximena Salcedo decidió levantar la medida de prisión domiciliaria, durante la que el expresidente Álvaro Uribe estuvo dos meses recluido en su finca El Ubérrimo.

El fallo de la togada se acogió al argumento de la defensa del también exsenador de la República de que para la existencia de una medida de aseguramiento en el sistema de la ley 906 es obligatorio que primero se realice una audiencia de formulación de imputación.

Así mismo, la Corte Suprema argumentó en agosto -en un documento de 1.554 páginas- que había amplia evidencia para demostrar que Uribe había participado en intentos para presionar a exparamilitares a retractarse de declaraciones perjudiciales contra el expresidente. Sin embargo, la Corte Suprema renunció al control del caso cuando Uribe renunció a su escaño en el Senado, entregándolo a la Fiscalía General.

Desde entonces, los magistrados dictaminaron que Uribe debe ser juzgado bajo un marco legal diferente diseñado para ciudadanos comunes, lo que allanaría el camino para su liberación.

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