Fiscalía fortalecerá capacidad investigativa en casos de violencia de género

El ente judicial busca, en unión con el programa EUROsocial+, fortalecer la perspectiva de género en las investigaciones penales.

Con el convenio firmado por la Fiscalía General de la Nación y EUROsocial+ se espera fortalecer las investigaciones penales que se den dentro del ámbito de la violencia de género, para así evitar impunidad. (Foto: Pixabay)
Con el convenio firmado por la Fiscalía General de la Nación y EUROsocial+ se espera fortalecer las investigaciones penales que se den dentro del ámbito de la violencia de género, para así evitar impunidad. (Foto: Pixabay)

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y el director del programa EUROsocial+, Juan Manuel Santomé Calleja, firmaron un convenio con el fin de fortalecer el uso de la perspectiva de género en las investigaciones penales que se llevan a cabo dentro de contextos de violencia.

Este trabajo permitirá mejorar la respuesta institucional hacia conductas delictivas de violencia intrafamiliar, violencia sexual y feminicidio, lo cual es una prioridad en el direccionamiento estratégico del Fiscal Barbosa”, dio a conocer el ente acusador.

EUROsocial+ es un programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea que busca, mediante el apoyo a procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, el fortalecimiento de las instituciones. Las áreas de acción de la entidad se dan en políticas sociales, de género y gobernanza.

Con la Fiscalía General de la Nación trabajamos en el fortalecimiento de capacidades institucionales de investigación de violencias contra mujeres, en la línea de acción: violencias; salud sexual y reproductiva; y masculinidades”, reposa en el documento de la ficha de trabajo de EUROsocial+ en el país.

En Colombia, la entidad también trabaja con instituciones como la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, el Ministerio de Trabajo, el Departamento Nacional de Planeación, entre otras entidades, con el objetivo de trabajar políticas de igualdad de género, sociales, y de gobernanza democrática.

Con el Ministerio de Justicia trabajamos en el fortalecimiento de las Comisarías de Familia para la atención de violencias en contexto de covid-19. (…) Apoyamos en la construcción de metodologías para la planeación de la inversión pública con enfoque de género en el Departamento Nacional de Planeación. También en la estrategia de transversalización del enfoque de género en el Sistema General de Salud”, explica la entidad en su página web.

En un consejo extraordinario, convocado hace dos semanas por la Gobernación de Cundinamarca, la consejera presidencial para la equidad de la mujer, Gheidy Gallo, reveló que, a corte de agosto de este año, en Colombia la violencia de género le había arrebatado la vida a 115 mujeres.

“El debate no puede ser entorno al aumento o disminución de los feminicidios. Porque así se presentará un solo caso, eso representa el fracaso que tenemos como sociedad. En consecuencia, tenemos que combatir este tipo de delitos, porque el feminicidio recordemos que es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer”, manifestó Gallo.

El Observatorio Feminicidios Colombia, también dio a conocer que a partir de julio hubo un aumento en los casos de feminicidio, que pasaron de 50 en ese mes, a 68 en agosto.

Tres casos de violencia hacia las mujeres que han indignado a los magistrados

El periódico El Tiempo dio a conocer tres casos de violencia contra la mujer que las altas cortes conocieron en los últimos meses y en los cuales las víctimas no recibieron respuesta a tiempo o de forma efectiva.

El primer caso que llegó a la Corte Constitucional fue por la mora judicial de la Fiscalía Primera de Barrancabermeja y el Juzgado Tercero de esa ciudad, por un acceso abusivo carnal violento contra una niña de 7 años en el 2006.

En ese entonces, la denuncia pasó a un juzgado de menores, porque, de acuerdo al ente judicial, el victimario tenía menos de 18 años. En el 2017, 11 años después y sin ningún avance del proceso, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, planteó que se desarchivara el caso; sin embargo, en junio de ese año le dieron a conocer que era imposible retomarlo, porque el expediente del caso se había extraviado, por lo tanto, nunca se pudo iniciar una indagación.

Otro caso que se conoció y dejó sorprendidos a los magistrados, fue la demanda de una mujer contra su compañero sentimental permanente por el delito de violencia intrafamiliar.

El fiscal encargado de la Unidad del Centro de Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar en Fusagasugá, Jorge Daniel Ruíz Convers, incitó al acusado, quien era maestro de construcción, a que le hiciera unas obras en su casa de forma gratuita, a cambio de archivar su caso y no darle ninguna pena.

La Sala Penal de la Corte condenó al fiscal a ocho años y medio de prisión por no haber actuado de forma correcta en este caso. Sin embargo, se desconoce qué sucedió con el agresor denunciado por violencia intrafamiliar.

El último caso conocido, fue el de un hombre condenado por actos sexuales contra una niña de tres años. La denuncia se hizo gracias una grabación que obtuvo la mamá de la víctima, quien, al dejar la niña al cuidado del hombre, instaló un teléfono celular que tenía la opción de grabar.

Durante el proceso penal, en una primera instancia, el hombre fue absuelto con el argumento de que el video vulneraba su derecho a la intimidad, y que fue grabado sin el consentimiento de los que aparecían allí. Tiempo después, la Sala Penal de la Corte lo condenaría a nueve años y medio de presión.

Por esta razón, se espera que con el convenio firmado por la Fiscalía General de la Nación y EUROsocial+ se puedan fortalecer las investigaciones penales que se den dentro del ámbito de la violencia de género, para así evitar impunidad.

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