En la mira empresas de servicios públicos por abusos en cobros a los usuarios

Por irregularidades en las tarifas y alteraciones en la facturación, la Superintendencia de Servicios Públicos investiga a 11 proveedores de acueducto y alcantarillado y otros 17 de energía y gas, así lo adelantó su directora, Natasha Avendaño, durante una sesión de control político ante el Congreso de la República. Avendaño recalcó que la investigación abarca las acciones de dichos proveedores durante los tiempos de aislamiento inteligente, ante la cantidad de denuncias llegadas a la entidad que dirige: “Hemos iniciado durante este periodo de aislamiento preventivo obligatorio y de pandemia 41 averiguaciones preliminares, en 19 departamentos del país, para establecer si hubo efectivamente irregularidades en materia de medición de consumo y de facturación”.

Incluso adelantó que la formulación de pliegos y cargos están basadas en la causal de incumplimiento infringida por los proveedores al establecer de manera unilateral estos aumentos: “estas investigaciones nos van a permitir determinar causales de incumplimiento”. De acuerdo con los citantes a control, durante el tiempo de pandemia se presentaron flagrantes irregularidades en los costos de las facturas de servicios públicos de los colombianos. El pasado agosto, la Superintendencia denunció que dos grandes consorcios como lo son Enel y Vanti abusaron de su posición para aumentar o alterar las facturas de servicios, utilizando el recurso de promediar los consumos para así mantener los aumentos en los costos.

El caso de Vanti es ejemplar en cuanto a denuncias y presión ciudadana ante la Superintendencia, dado que se registraron más de 8.000 quejas por los cobros injustificados durante la época de cuarentena. Tan solo en el mes de abril, el citado promedio de consumo en los hogares, basado en que el aislamiento impidió a sus técnicos tomar las lecturas, fue motivo para que la Superintendencia llamara la atención a la empresa sobre esta práctica, dado que iba en detrimento de los intereses de sus usuarios. Con posterioridad al 21 de abril, Vanti envió nuevamente a sus técnicos a cumplir con su trabajo. Pero las irregularidades no se detuvieron ahí, para la Superintendencia otro frente de investigación se abrió cuando las empresas no difirieron los pagos de las facturas como medio de alivio para los consumidores, afectados por la recesión económica.

Por ley, para estratos 1 y 2 se establecieron 36 cuotas, para el 3 y 4 a 24 cuotas y para el 5, 6, así como para establecimientos comerciales, el pago o ajuste de cuotas se establece acorde con la solicitud de los usuarios. Pero las denuncias por incumplimiento de las empresas no se detuvieron y, a ojos de la entidad, fue necesario realizar controles más estrictos para determinar la responsabilidad de los proveedores de servicios públicos en Colombia.

De acuerdo con estadísticas provistas por la entidad, tan solo en quejas de usuarios se ha superado un récord de 25.000 desde abril hasta octubre, por lo que el órgano rector del sector, el Ministerio de Minas y Energía, no solo ha desplegado esfuerzos para garantizar los servicios públicos a los colombianos, sino que también ha solicitado acompañamiento de entidades como la Fiscalía para acompañar los procesos sancionatorios contra los proveedores que mantengan estos esquemas de abuso ante la ciudadanía.

Expertos en el sector de energía coinciden en que la Superintendencia de Servicios Públicos necesita “dientes” para sancionar ejemplarmente a quienes incumplan la normativa dictada por el gobierno nacional para el manejo de la emergencia surgida a raíz de la crisis sanitaria.

La mayor cantidad de casos de alteración de factura o aumento de precios la lidera Bogotá con 12.370 casos. La entidad subrayó que vendrán más sanciones en las semanas siguientes.