La alianza criminal que, por vencimiento de términos, volvería a operar en Bogotá

Varios de los miembros de la oficina sicarial de San Andresito de la 38 fueron dejados en libertad. Víctimas vinculadas a los procesos temen ataques contra ellos y sus familias.

La banda, que opera en varios puntos de la ciudad y del país, puede tomar represalías contra las víctimas.
Foto: Pexels.
La banda, que opera en varios puntos de la ciudad y del país, puede tomar represalías contra las víctimas. Foto: Pexels.

Januario Hernández González, alias Juano; Yerson Triana, hijo del capo esmeraldero Horacio Triana, extraditado por narcotráfico, y Álvaro Mojica, que habían sido capturados en noviembre de 2018, quedaron en libertad hace por lo menos dos meses por vencimiento de términos, pese a estar investigados por homicidio, desplazamiento forzado, cobros extorsivos y despojo de tierras. Otros miembros beneficiados con la medida fueron Mauricio Agudelo, Luis Fernando Córdoba Sepúlveda, Óscar Medina, Humberto Mora y Jimy Córdoba.

Según la investigación, esta presunta estructura criminal habrían adquirido propiedades por medio de actividades ilegales. También, afirmaron las autoridades, falsificaban documentos, amenazaban o asesinaban, para apropiarse de los bienes. La Fiscalía aseguró que son responsables del asesinato de 13 comerciantes de esmeraldas. En el momento de la captura, se identificaron 180 bienes por más de $1 billón de pesos, 29 celulares, 13 computadores, 11 armas de fuego y $165 millones en efectivo.

Juano, uno de los supuestos cabecillas de la organización, se movilizaba en una camioneta Nissan Infiniti, avaluada en $500 millones y con blindaje 4, según El Tiempo, uno de los más potentes del mercado. Incluso, poseía armas importadas de Estados Unidos y contaba con vigilancia 24 horas.

Ahora, las víctimas reconocidas y los testigos sienten temor de represalias por parte de estos grupos ilegales. Sienten que están en riesgo inminente e, incluso, una de las víctimas le aseguró a El Tiempo: “ahora sí mi familia debe cuidarse con toda esta gente en libertad”. Una fuente cercana al proceso también manifestó estar decepcionada de la justicia colombiana.

Irónicamente, el sargento de la Policía que lideró la investigación en contra de esta supuesta organización delictiva y ayudó en su proceso de captura, Wadith Velásquez, se encuentra preso por presunta violación ilícita de redes de comunicación, falsedad en documento público y fraude procesos, delitos relacionados con las intercepciones al ‘Ñeñe’ Hernández.

La fiscal Claudia Carrasquilla, conocida como ‘La Fiscal de Hierro’, también respaldó la investigación, pero fue removida de su cargo tras la llegada del fiscal general Francisco Barbosa. Carrasquilla es considerada una de las investigadoras clave contra la corrupción, con más de 1.500 capturas; por ejemplo, la de alias Popeye. La exfiscal aseguró, en entrevista con Publimetro, que no era favorable su estadía en la Fiscalía por asuntos políticos. “Obedece también a esa presión de quienes prepararon al fiscal Barbosa para presentar su examen ante la Corte Suprema de Justicia, que le exigieron mi salida”.

El presunto centro de operaciones de los liberados está ubicado en una bodega de la calle 116 con avenida Suba. Allí, se habrían llevado a cabo varias reuniones de grupos delictivos. Según algunos testigos, al lugar llegaban, en carros de lujo, William Herrera, alias W, o Tony, líder del clan Herrera, del Valle del Cauca, sobrino del narcotraficante Élmer Herrera, alias Pacho Herrera.

La Fiscalía General de la Nación estableció que hay cuatro grupos al margen de la ley que operan bajo la forma de ‘outsourcing’ criminal, u estructura tipo red, que consiste en nuevas formas de organización que giran en torno a la especialización en producción de bienes y servicios ilegales.

Estos grupos se relacionan a partir de contratos o pactos. Por ello, se les acusa de crear alianzas con mafias de diferentes regiones del país. Además, estas organizaciones no tienen una jerarquía específica, una cabeza visible. Así, la captura de criminales resulta inefectiva. Los grupos son: colegiado de la Oficina (Medellín), oficina de San Andresito de la 38 (Bogotá), clan Triana Esmeralderos (occidente de Boyacá) y clan Herrera (Cali).

Según la Unidad Investigativa de El Tiempo, varios de estos grupos están involucrados en la infiltración de un millonario proyecto de vivienda en la localidad de Ciudad Bolívar, en inmediaciones del parque cerro Seco. El proyecto aún no se ha llevado a cabo, pero los testimonios señalan que Álvaro Mojica intentó concertar la posesión del gran terreno en el que estaba involucrado el Distrito. Dicha negociación se dio en el año 2013.

Mojica es señalado de ser el encargado de las finanzas del clan Triana Esmeralderos, liderado por los extraditados Horario Triana Romero y Pedro Nel Rincón, alias Pedro Orejas. Además, fue socio del ‘tierrero’ de Ciudad Bolívar Rafael Forero e, incluso, ocupó varios de sus predios. Esto, y la toma de otros terrenos, suman varios miles de metros cuadrados para el desarrollo del proyecto. Dado que ninguna casa tenía escrituras, según Miguel Ángel López, narcotraficante del Valle, el proceso de legalización era sencillo. Al parecer, Mojica recibió el porcentaje correspondiente de su ganancia, pero no cumplió su parte y esto desató varias discusiones.

Pese a que la captura, bajo la operación Sirius, fue uno de los golpes más grandes a las estructuras criminales en Bogotá según el general de la policía Jorge Luis Vargas y la fiscal Carrasquilla, el trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Dijín quedó doblegado y le da la oportunidad a esta estructura criminal de seguir delinquiendo.