Las víctimas, las mayores afectadas por la desaprobación del presupuesto adicional de la JEP para 2021

La Jurisdicción Especial para la Paz manifestó su preocupación por lo más de $30.000 que solicitó y no recibirá

People protest against a reform proposed by the government for the Special Jurisdiction for Peace (JEP) with signs reading "No to war" and "I defend the JEP" in Bogota, Colombia, on March 18, 2019. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)
People protest against a reform proposed by the government for the Special Jurisdiction for Peace (JEP) with signs reading "No to war" and "I defend the JEP" in Bogota, Colombia, on March 18, 2019. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) manifestó su preocupación, este 20 de octubre del 2020, por la no aprobación del presupuesto para 2021 de una “partida adicional” que le había solicitado al Gobierno de Iván Duque en el Presupuesto General de la Nación.

La JEP se pronunció luego de conocer que no fue aprobado en el Congreso de la República un presupuesto fundamental “para la debida atención y protección a las víctimas, testigos e intervinientes, y para su debida operación”.

Según el Tribunal de Paz, los recursos adicionales que no fueron aprobados ascienden a la suma de $30.014 millones de pesos, un monto que es indispensable para el cumplimiento de obligaciones legales y constitucionales de la Jurisdicción, que tenía una destinación a tareas especialmente en beneficio de las víctimas.

La representación y atención de las víctimas en los procesos judiciales y de acreditación contaría con $4.100 millones de pesos de los recursos solicitados.

Para las tecnologías de la información se destinarían $6.300 millones de pesos, que le permitirían a la JEP una “justicia más digital”, con agilidad y transparencia al servicio especialmente de las víctimas, de la sociedad y de los intervinientes en los procesos del Tribunal.

Y el programa de protección de víctimas, testigos e intervinientes contaría con $19.613 millones de pesos, en una tarea a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que sería la que sufriría en mayor medida la desfinanciación solicitada al Gobierno Nacional.

La JEP inició los pedidos de adición de recursos el 13 de julio, luego de que el gobierno informó sobre las cuotas presupuestales. Las solicitudes fueron reiteradas el 21 de agosto, ya radicado el proyecto, el 28 de agosto y 7 de octubre.

Así mismo, informó el Tribunal que a pesar de que desde el inicio no le fueron asignados los recursos solicitados en el anteproyecto, con una diferencia de $88.000 millones entre lo pedido y lo entregado, es consciente de las limitaciones presupuestales debido a la pandemia.

Por esta razón “ajustó las necesidades y limitó la solicitud” de adición a $30.014 millones de pesos, sin el aval del Gobierno de Iván Duque, lo que es fundamental para la aprobación del Congreso.

Por último, la JEP agradeció a los congresistas que apoyaron la solicitud por estar “comprometidos con la implementación del Acuerdo de Paz”.

La presidenta de la Justicia Especial de Paz (JEP), Patricia Linares. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo
La presidenta de la Justicia Especial de Paz (JEP), Patricia Linares. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Presupuesto para la JEP 2021

El representante a la Cámara por Cambio Radical José Daniel López presentó la proposición para modificar el artículo referente a financiación de la JEP o, de lo contrario, la diferencia en el presupuesto del tribunal sería de $30.000 millones y, además, faltaría el 20% de los recursos de inversión para su correcta operación. Luego de una larga discusión, se negó la proposición firmada por 30 congresistas para aumentar el presupuesto.

A su vez, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que sería irresponsable agregar recursos que no se tienen, pues se hicieron 77 proposiciones adicionales que requerirían recursos por 6,4 billones. “No hay ningún trato discriminatorio contra la JEP”, señaló Carrasquilla, mientras que representantes de la oposición aseguraron que no aceptar ninguna de estas proposiciones evidencia que este poder legislativo no tiene soberanía alguna y que el Congreso de la República depende sobremanera del Gobierno nacional.

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