Comisión de la Verdad denuncia restricción al acceso de la información

“La falta de entrega de información acarrea obstáculos concretos al cumplimiento de nuestra misión, la cual es esclarecer lo ocurrido con base en un ejercicio de verificación y contrastación serio y profesional de las fuentes”, aseveró el comisionado Alejandro Valencia.

Vista de un homenaje a las víctimas y afectados de la violencia en Colombia. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo
Vista de un homenaje a las víctimas y afectados de la violencia en Colombia. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Durante la tercera rendición de cuentas públicas de la Comisión de la Verdad al cumplir 18 meses de funcionamiento, el pasado 30 de septiembre, el comisionado Alejandro Valencia señaló los obstáculos que han tenido para acceder a la información de las entidades públicas.

Esto se suma a los 14 tipos de solicitudes previas presentadas por la Comisión de la Verdad ante el Ministerio de Defensa y la Policía. Estas entidades, explicó Valencia, pueden ser sancionadas según el Decreto Ley 588 de 2017, que le da facultades legales extraordinarias a la Comisión de la Verdad para pedir información pública y reservada de inteligencia y contrainteligencia.

Reiteró el comisionado que el mayor problema que han tenido las comisiones de la verdad, es la ausencia de información oficial. Además, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la restricción al acceso de la información obstaculiza el ejercicio y el cumplimiento del deber de las instituciones. “La entidad requiere del apoyo irrestricto de las diferentes instituciones y ramas del poder público para garantizar el mandato de la Comisión”, explicó Valencia durante la transmisión en vivo.

El comisionado enfatizó en que los archivos que tienen en su poder distintas instituciones, entre ellas el Estado, son de suma importancia para “reconstruir hechos históricos”; es por ello que, al negar su acceso, asegura Valencia, están privando a la sociedad del derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.

Manifestantes participan el 19 de agosto del 2020 en una marcha de protesta exigiendo justicia por la masacre de 5 menores de edad el pasado 11 de agosto en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo
Manifestantes participan el 19 de agosto del 2020 en una marcha de protesta exigiendo justicia por la masacre de 5 menores de edad el pasado 11 de agosto en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

Además, el comisionado Alejandro Valencia añadió que estos documentos son fuentes insustituibles que evidencian muchas de las causas, circunstancias y motivos de los crímenes y delitos; destacó además que, para el proceso de esclarecimiento que realiza la Comisión de la Verdad, es crucial obtener dichos documentos, que han sido requeridos en cumplimiento de su mandato.

Las dificultades

La Comisión le dio a conocer a la Procuraduría General de la Nación “las dificultades preocupantes” que han enfrentado al momento de solicitar distintos documentos. El primer obstáculo ha sido la “oposición ilegal de reserva de la información por parte de los organismos que custodian información reservada”. Los organismos de inteligencia, aseguró la Comisión, dilatan la información e, incluso, han asegurado que no pueden hacer su entrega porque es necesario que se suscriba un instrumento jurídico.

El segundo problema, sostiene el organismo investigador, radica en la “falta de congruencia entre la información solicitada y la información finalmente entregada”. Las organizaciones omiten parte de las solicitudes de la Comisión. Esto interfiere directamente con los tiempos estipulados, ya que se debe enviar de nuevo la solicitud. Adicionalmente, luego de vencidos los términos para recibir una respuesta, algunas instituciones informan a la Comisión que la solicitud fue enviada a otra dependencia o que se debe dirigir a otra autoridad.

El comisionado también expresó su preocupación por la “inobservancia de las normas de manejo de archivos”, lo cual tiene como resultado la demora para atender las solicitudes.

Además, advirtió sobre la “afirmación de inexistencia de información por destrucción de archivos de derechos humanos” en “contravía del protocolo de gestión documental de archivos”. Los documentos han sido destruidos por órdenes directivas, como una práctica institucionalizada o con ocasión de hecho del conflicto armado, aseguró Valencia, quien también se refirió a las “respuestas que retrasan la entrega de información”, ya que las instituciones carecen de copias digitales, de herramientas de consultas o de inventarios documentales.

Finalmente, el comisionado reiteró que se les debe permitir el acceso “oportuno, real y efectivo” a la información o, “de lo contrario, se deberán iniciar las acciones administrativas y legales pertinentes para hacer valer los derechos de las víctimas, sobre todo, porque el compromiso con ellas y con el país es muy grande”.

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