(AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)
(AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

El Ministerio de Salud de Colombia ha presentado este miércoles un borrador de resolución para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, en cumplimiento con la orden del Tribunal Constitucional.

En el documento, el Ministerio ha señalado que el borrador de la resolución busca garantizar que se “aseguren las condiciones de calidad, seguridad y salubridad a estos servicios”.

Para el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Salud y Protección Social es competente para dictar las medidas que aseguren la suficiente y efectiva disponibilidad en el acceso a estos servicios”, señala el documento, según ha recogido el diario ‘El Espectador’.

El Ministerio ha aclarado que “le solicitó al Tribunal Constitucional ampliar en 60 días el plazo para la expedición de la regulación, con el fin de estudiar y responder todos los comentarios de la ciudadanía en torno a este asunto y hacer las modificaciones que se estimen necesarias”.

(Franco Fafasuli)
(Franco Fafasuli)

Por su parte, la Comisión Episcopal de Vida, encabezada por el monseñor Juan Vicente Córdoba, ha expresado su completo desacuerdo con el borrador.

“Olvida el Ministerio que en la misma sentencia del Tribunal Constitucional se ordenó al Congreso legislar el asunto y que dicho cuerpo se ha abstenido valientemente de hacerlo”, ha indicado Córdoba en una carta enviada al ministerio de Salud, Juan Pablo Uribe.

“El proyecto publicado también pretende restringir el derecho a la objeción de conciencia de profesionales e instituciones cuyos objetivos y principios prefieren la conservación de las dos vidas antes que la muerte del indefenso”, ha añadido.

Sin embargo, el documento del Ministerio afirma que “los profesionales de la medicina pueden eximirse de practicar la interrupción del embarazo por motivos de conciencia sí, y solo sí, se garantiza la prestación de este servicio en condiciones de calidad y de seguridad para la salud y la vida de la persona gestante que lo solicite, sin imponerle cargas adicionales o exigirle actuaciones que signifiquen obstaculizar su acceso a los servicios de salud por ella requeridos, y con ello, desconocerle sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la salud sexual y reproductiva, a la integridad personal y a la dignidad humana”.

Con información de Europa Press

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