El primer contacto entre ellos fue en 2021, cuando se conocieron por una cuestión laboral. Pero el vínculo entre este hombre y esta mujer uruguaya comenzaría a ser más seguido a partir de abril de 2023, cuando ella publicó una historia de WhatsApp en la que ofrecía su celular para la venta. Él le escribió para concretar la compra, pero el diálogo entre ambos no se limitó a ese intercambio.
El hombre terminó comprando el celular y la conversación siguió, según el caso informado este miércoles por El País. Ella le contó que estaba buscando trabajo y que atravesaba un momento familiar complicado porque su padre estaba enfermo. El hombre le giró 2.000 pesos uruguayos tras esa conversación (cerca de USD 50). El diálogo en un momento pasó a “ser de tenor erótico”, según lo describió la fiscal Bettina Ramos, que ahora investiga esta situación y pidió la imputación de la mujer por extorsión.
Fue después de esas conversaciones eróticas que la imputada le empezó a pedir dinero al hombre para no contarle ni a su familia ni a sus superiores en el trabajo lo que estaba sucediendo entre ellos. “El denunciante, coaccionado, y por temor a perder su familia y su trabajo, accedió”, relató la fiscal.
La mujer le comenzó a exigir que le pague quincenalmente un monto de dinero para comprar su silencio. Y, más allá de las transferencias, lo amenazaba. Incluso llegó a decirle que expondría en las redes sociales, utilizando un afiche, alguna de sus prácticas sexuales. Además, le dijo que iba a convocar a una concentración frente a su lugar de trabajo.
Cuando el joven no pagó, la ahora imputada por la Justicia concretó su amenaza, según el relato consignado por el diario uruguayo. Entonces, le escribió por Instagram y por WhatsApp a la esposa del hombre y volvió a amenaza: si no le pagaba, le contaría el relato también a los hijos de la pareja. La joven también le escribió al hermano de su víctima, a quien amenazó con “prenderlo fuego”.
La denunciada tenía los datos de toda la familia. Sabía tanto el nombre de los hijos, como de otros integrantes de la familia de sangre y política además del vínculo de parentesco que había entre ellos. Su hermana, que para la Fiscalía es coautora de los delitos, también manejaba la información.
Los giros de dinero se concretaban de dos formas. El hombre hacía algunas transferencias a una cuenta del banco estatal República, que estaba a nombre de la hermana, y en otras ocasiones la depositaba en la red de cobranzas Redpagos, donde la retiraba la principal acusada. En algunos de los mensajes que utilizó la Fiscalía para la investigación surge cómo se repartían el pago del dinero entre ellas.
Cuando el hombre amenazado se animó a hacer la denuncia, se levantó el secreto bancario de las imputadas y se comprobó que los ingresos coincidían con lo que había denunciado el hombre.
La Fiscalía señala que las hermanas se organizaron, dividieron tareas y obtuvieron “beneficios o lucros de una extorsión económica” que realizaron durante más de ocho meses. En total, recibieron 75.000 pesos uruguayos (unos USD 1.800).
La jueza María Noel Odriozola imputó a la joven y a su hermana hace algunas semanas y dispuso el arresto domiciliario para ambas. A fines de agosto, un Tribunal de Apelaciones resolvió que la imputada principal debía estar presa preventivamente mientras continúa la investigación. La abogada de las imputadas, María Noel Rodríguez, dijo en la audiencia que no termina de entender cuál es la ilegalidad de los actos.
Una de las imputadas llegó a decir entre lágrimas en la audiencia que el hombre le había prometido ese dinero. La abogada de él le indicó que, aunque lo hubiera hecho, ella no podía exigirlo si el hombre se arrepentía.