Las familias de las víctimas de las masacres carcelarias de Ecuador demandaron al Estado

Los familiares de los reos asesinados en alguna de las once masacres carcelarias sucedidas en Ecuador en los últimos dos años presentaron una acción de protección en contra del Estado. El recurso judicial fue presentado en Guayaquil por parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador (CDH), Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad (Rimuf) y por el Comité de Familiares por la Justicia en las Cárceles, conformado por 30 familias de presos que fueron asesinados.

Según publicó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, las familias exigen verdad, justicia y reparación. La crisis carcelaria ha hecho que las familias de las personas encarceladas vivan escenarios de tortura, como extorsiones de bandas criminales, vejaciones íntimas, costear la alimentación de medicina y alimentos de sus parientes dentro de prisión.

“Por lo regular al ingreso te piden de USD 300 para arriba, según el caso”, explicó en marzo Ana Morales, vocera del Comité de Familiares, a Infobae. Los caporales de cada pabellón cobran ese dinero a las familias de los reclusos. Quien no paga es castigado, privado de comida y de un espacio para descansar.

Esto ya fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe, en el que se explica que en las cárceles de Ecuador “los líderes de estos grupos (criminales) cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios”.

A esto se suma que los parientes de los reos no han tenido espacios dignos para acceder a información. “Han sido reprimidos, empujados, pateados y gaseados por parte de la Fuerza Pública cuando han querido tener información”, señaló la Alianza.

Las familias también han sido revictimizadas por el Estado y no han recibido ningún tipo de reparación.

El 15 de noviembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso, anunció siete acciones para enfrentar la crisis carcelaria. Una de las medidas disponía que el Consejo de Participación Ciudadana creara mesas de diálogo ciudadanas, para acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas por la crisis carcelaria, pero eso nunca sucedió.

La acción de protección presentada este viernes busca que un juez resuelva que el Estado vulneró los derechos de los familiares de los reos asesinados. Según el CDH, los derechos vulnerados son: a la integridad personal, a la vida digna y proyecto de vida, a la igualdad y no discriminación, al debido proceso, a la salud, al acceso a la información, a la seguridad jurídica, a la no revictimización, a la verdad, a la reparación integral y a la paz.

“Queremos justicia, queremos saber por qué a nuestros hijos nos los entregaron mutilados e incompletos. Hay muchos familiares que enterraron a sus hijos incompletos, a unos solamente los entregaron en polvo”, dijo Ana Morales a Infobae en el reportaje sobre las exigencias de las familias.

El último informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador (CDH), que lleva un registro detallado de la situación carcelaria desde 1986, ha señalado que entre el 2018 y el 2022, 591 cadáveres fueron encontrados dentro de las cárceles del país. De ese total, el 76% fueron personas asesinadas en matanzas dentro de las prisiones. Únicamente entre el 2020 y el 2022, se cuentan 458 muertes, 39 más que el registro oficial.

Las masacres de los dos últimos años sucedieron en las cárceles de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Azuay y Esmeraldas. La edad promedio de los asesinados es de 29 años, según indica el informe.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de las cárceles del Ecuador, publicado en marzo de 2022, señaló que algunos de los asesinados no tenían sentencias ejecutoriadas, es decir ratificadas en todas las instancias judiciales. Otros estaban encerrados por delitos menores. Varios fueron detenidos bajo la figura de prisión preventiva, un recurso que ha sido usado indiscriminadamente en el país, según la CIDH. Entre las personas que murieron violentamente en las prisiones había quienes ya cumplieron sus sentencias, pero no recibieron a tiempo la boleta de excarcelación que les permitiría recuperar su libertad.

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