El presidente de El Salvador Nayib Bukele contestó con un “no” este miércoles a la recomendación que Human Rights Watch (HRW) y Cristosal le hizo a su Gobierno para terminar la implementación del régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia.
Bukele escribió “no” en un mensaje en Twitter en respuesta a un posteo de Juan Pappier, Director Asociado en funciones para las Américas de HRW, en el que señala que la ONG recomienda terminar con el régimen de excepción.
Dicha recomendación es parte del informe denominado ‘Podemos detener a quien queramos’, según indicó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, durante la presentación del documento. Taraciuk señaló que se pidió una reunión con Bukele para presentar los hallazgos y las recomendaciones pero que aún no han recibido respuesta.
El informe difundido este miércoles por la ONG señala que la muerte de 86 personas con signos de tortura en cárceles de El Salvador muestra una política sistemática de violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción decretado por Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
El estudio, elaborado en conjunto con la ONG Cristosal, se suma a las recientes críticas realizadas por otros colectivos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional o International Crisis Group (ICG) contra la medida tomada por la administración de Bukele en marzo.
“No hay ningún falso dilema entre seguridad y derechos humanos. Una efectiva política de seguridad protege derechos humanos”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, al presentar el documento en rueda de prensa virtual.
El régimen de excepción, que ha sido prorrogado varias veces, fue solicitado por Bukele al Congreso -donde el oficialismo tiene mayoría- luego de que El Salvador registrara 92 homicidios atribuidos a pandillas entre el 24 y el 27 de marzo de 2022.
HRW y Cristosal denunciaron que han documentado en El Salvador más de 1.000 casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante este régimen de excepción decretado por el Congreso para combatir a las pandillas.
La estrategia, que limita garantías constitucionales como el derecho a la libre asociación, la inviolabilidad de telecomunicaciones y los procesos judiciales imparciales, no es sostenible en el tiempo y solo generará a la larga un rebrote de violencia, agregó Goebertus.
“Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos en comunidades vulnerables con el supuesto objetivo de garantizar su seguridad”, expresó la directora para las Américas de HRW.
La investigación afirma que además de la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, se han registrado desapariciones forzadas, torturas y muertes de detenidos bajo la custodia de agentes del Estado, además de arrestos masivos de personas que no están vinculadas con las pandillas.
El informe cuestiona el establecimiento de políticas de “cuotas” de detenciones para agentes policiales en un proceso que ha derivado en la detención de unas 58.000 personas en un poco más de ocho meses y ha incrementado la población carcelaria en hasta 95.000 personas, triplicando la capacidad instalada.
Human Rights Watch y Cristosal aseguraron que entre los detenidos en “operativos indiscriminados”, sobre todo en barrios de bajos ingresos, hay más de 160 niños y niñas.
Las denuncias de HRW también se dan en el marco del reciente despliegue de unos 10.000 efectivos militares y policiales en el suburbio de Soyapango, al este de la capital, considerado en el pasado un bastión de los grupos criminales rivales Barrio 18 y MS-13.
Bukele, que goza de niveles de popularidad superiores al 80%, ha desdeñado las críticas a su política de seguridad y ha sostenido que los únicos derechos humanos que le interesa defender son los de la “gente honrada”. Además, afirma que su estrategia ha reducido a dos el índice de homicidios por día.
(Con información de AP, EFE y Reuters)
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