Alejandro Astesiano, el ex custodio de Luis Lacalle Pou, tenía su oficina en la sede de Gobierno uruguaya. Tras su detención, el lugar fue inspeccionado y, por orden del presidente, quedó clausurado. Días atrás, la fiscal del caso, Gabriela Fossati, recorrió el despacho e incautó varios documentos reservados del Ministerio del Interior, entre ellos algunos legajos policiales del Sistema de Gestión de Seguridad Pública y capturas de las cámaras de videovigilancia públicas, administradas por el Centro de Comando Unificado de la Policía. Según informó El País, no fue mediante una orden de allanamiento, sino que se habilitó el ingreso de forma voluntaria.
Astesiano es considerado como uno de los principales integrantes de la red de falsificación de ciudadanos rusos que gestionaba la ciudadanía uruguaya a través de la modificación ilegal de partidas de nacimientos. Actualmente se encuentra en prisión preventiva hasta marzo de 2023.
Por ser el jefe de la seguridad presidencial, Astesiano podía ser enlace directo entre el Ministerio del Interior y la Policía. En esa posición, tenía la potestad para “requerir en cualquier momento apoyos y recursos” de organismos públicos y entidades privadas, estando las instituciones públicas obligadas a “suministrar la colaboración directa, el apoyo o la información que le sea solicitada” con la “premura y/o las prioridades” estipuladas por Astesiano.
Además, podía “recabar información de cualquier Agencia nacional o extranjera, referente a eventuales riesgos para la persona del Presidente de la República, sus familiares directos, y cualquier otra persona que aquel determine”.
Desde Fiscalía manejan la posibilidad de que parte del archivo de videovigilancia encontrado en su despacho era utilizado por Astesiano para sus negocios personales ilícitos, sgún informó El Observador. El ex custodio de Lacalle Pou frecuentaba una de las oficina del Sistema de Seguridad y Monitoreo -ubicada en la sede de Gobierno- y pedía ver distintos puntos de la ciudad que no tenían nada que ver con su trabajo, informó el medio.
Fisalía también estudia si el consulado en Moscú estaba implicado en la organización dedicada a falsificar documentos rusos para que ciudadanos del país euroasiático pudieran acceder a la ciudadanía y pasaporte uruguayos. Según se supo, en algunos datos enviados por Cancillería aparecen funcionarios de nacionalidad rusa con acceso al sistema de gestión de cédulas y pasaportes.
Entre otras cosas se incautaron fotos de células de identidad, partidas de nacimiento y cartas pertenecientes a ex policías que pedían en la custodia presidencial. Actualmente se investiga a seis jerarcas, entre otras personas de distintos organismos del estado aparentemente vinculadas a la red. Tras la pericia al celular de Astesiano se pudo saber que el ex custodia pedía “favores a los jerarcas”.
Gabriela Fossati, la fiscal del caso, se dedicará de forma exclusiva a esta investigación y no estará de turno para otros caso, según informó el fiscal de Corte, Juan Gómez, a Canal 5. “La doctora Fossati está trabajando en un caso muy difícil, cuenta con nuestro apoyo, hemos puesto a disposición de ella los elementos que la Fiscalía puede disponer. Incluso, previendo las dificultades que supone esta investigación, la exoneramos de trabajar en turno por –creo– dos meses”, explicó Gómez.
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