Enviarán militares a las calles de Guayaquil por los altos índices de violencia

Durante una reunión celebrada en el Palacio de Carondelet, sede del poder presidencial del Ecuador, se decidió que regresarían las tropas militares a las calles de Guayaquil. Esta medida ya fue adoptada el año pasado, aunque no detuvo la violencia principalmente ocurrida en los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. Esta jurisdicción, que es catalogada administrativamente como la Zona 8, es en donde ya se han producido casi la mitad de las 910 muertes violentas registradas en todo el país durante los primeros cuatro meses de este año.

Luego del estallido de un coche bomba en las afueras de Centro de Privación de Libertad Regional Guayas, del asesinato de más de 16 personas en estos catones durante el fin de semana, además de las amenazadas de muerte dirigidas en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo, el Poder Ejecutivo armó un frente de autoridades que adoptará decisiones urgentes.

Los panfletos, arrojados en los patios de un canal de televisión, encabezados por banderas de Ecuador y México, seguidos de una imagen del ministro del Interior sirvieron de alerta para las autoridades. El libelo divulgado por los medios de comunicación trae la siguiente leyenda: “Sigan pensando que solamente Júnior y Fito matan y pueden, tenemos también la plata para hacerles la guerra a quien se meta y usted señor ministro del interior no se meta (…) porque vas a terminar muerto” (sic). Júnior y Fito son líderes de la banda de los Choneros, el primero de estos recuperó su libertad invocando el mismo recurso que invocó el exvicepresidente Jorge Glas para recuperar su libertad, aun cuando sobre ambos pesan sentencias de cárcel vigentes.

El trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía del Estado permitió la captura de 26 personas vinculadas a la banda de los Chone Killers, un grupo criminal armado dedicado al secuestro, la extorción y al asesinado por encargo. Entre los detenidos se identificaron a varios de los delincuentes que atentaron con material explosivo a las instalaciones judiciales en donde se celebró la audiencia de habeas corpus que liberó a alias Júnior.

Durante un acto de destrucción de armas incautadas, el gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena, aseguró que las autoridades reunidas en Carondelet decidieron adoptar esta medida y ocupar las calles con efectivos militares de forma inmediata. Confirmó que otro motivo para que el ejército regrese a las calles sería la falta de agentes policiales en Guayaquil, Durán y Samborondón.

Sobre el ataque con un coche bomba registrado en el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas, Arosemena confirmó que el vehículo pudo haber pertenecido a uno de los guías penitenciarios del mismo centro, robado con la intención de atentar con procedimientos terroristas y comunicar a las autoridades que la cárcel es insegura y que está supuestamente sometida al control de las mafias del crimen organizado.

El anuncio del gobernador Arosemena se produjo en medio de la destrucción de más de 2.100 armas y un total de 10.000 accesorios incautados en los operativos ejecutados por las fuerzas de seguridad en todo el país.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas organizó la destrucción de las armas, municiones y explosivos incautados que después de la detención y de transcurrido el periodo reglamentario se declaran obsoletos para luego ser fundidos en los hornos de una industria de acero particular.

El exministro de Defensa de Ecuador, Luis Hernández, anunció su renuncia al cargo después de asistir a la destrucción de las armas y en medio del embate del narcotráfico, que ha derivado en altos niveles de criminalidad y la peor crisis carcelaria que sufre el país. El presidente Guillermo Lasso designó, mediante un decreto ejecutivo, al general Luis Eduardo Lara como su nuevo ministro de Defensa, el tercero de la administración de Lasso.

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