Duro informe de Michelle Bachelet sobre los abusos de la dictadura de Ortega: “Los nicaragüenses deben poder ejercer sus derechos”

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró su preocupación por la rendición de cuentas por las violaciones de Derechos Humanos cometidas desde abril de 2018 y la reanudación de los juicios, así como las “duras sentencias de prisión” en Nicaragua.

“Mi oficina ha documentado que al menos 43 personas continúan detenidas en el contexto de las elecciones de 2021, que estuvieron caracterizadas por restricciones a los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política”, detalló ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Así, lamentó la muerte en la cárcel el mes pasado de Hugo Torres, un destacado líder de la oposición que fue arrestado antes de las elecciones y ha mostrado su preocupación ante el deterioro de salud de varios detenidos en los últimos meses.

“Al menos 29 de estos detenidos continúan recluidos en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, en violación de las garantías al debido proceso y presuntamente en condiciones inhumanas. El contacto con sus abogados ha sido indebidamente restringido, lo que ha impedido su defensa. También han sido privados de todo contacto o comunicación con sus hijos menores de edad”, dijo.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió, además, garantías para asegurar la realización de juicios justos debido a que las autoridades de Nicaragua han juzgado a 34 personas “sin respetar el debido proceso”.

“Durante 2021, mi oficina documentó el hostigamiento a 20 mujeres y seis hombres, y al menos cuatro defensoras de Derechos Humanos fueron detenidas arbitrariamente. También se han documentado cuarenta casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio por parte de funcionarios del Estado contra trabajadores de medios de comunicación”, indicó.

Por ello, exigió “medidas urgentes para asegurar su pronta liberación”, así como que se garantice “la integridad física y psíquica de las personas detenidas arbitrariamente”.

“Las autoridades deben cesar, condenar públicamente y sancionar cualquier ataque o acoso contra activistas políticos, periodistas y defensores de Derechos Humanos”, agregó.

Bachelet también ha hecho referencia a la personalidad jurídica de al menos doce universidades y 26 organizaciones no gubernamentales que han sido canceladas por la Asamblea Nacional de Nicaragua “sin posibilidad de que sus representantes pudieran ejercer el derecho a la defensa”. En concreto, 54 organizaciones sin fines de lucro fueron canceladas y prohibidas en el país.

En este sentido, ha recomendado “armonizar la legislación penal y electoral en línea con las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos“, según recoge un comunicado de la oficina del Alto Comisionado.

“Los pueblos indígenas de Nicaragua han seguido sufriendo ataques violentos en el contexto de disputas territoriales, la mayoría de ellos en total impunidad. En 2021, la oficina recibió información de al menos seis ataques e incidentes violentos, que resultaron en al menos once hombres indígenas asesinados, una mujer y una niña violadas y siete personas heridas, incluidos dos niños”, informó.

Así, Bachelet ha señalado que “es urgente garantizar la rendición de cuentas en estos casos para evitar que se repitan”, así como son necesarios “mayores esfuerzos para respetar los derechos de las mujeres nicaragüenses, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos”.

“Fuentes de la sociedad civil reportaron 38 feminicidios en la primera mitad de 2021, un aumento del 81 por ciento con respecto al mismo período en 2020. Nicaragua también continúa teniendo el mayor número de embarazos adolescentes de la región”, ha detallado.

Finalmente, Bachelet comentó la situación política del país, con unas elecciones previstas para noviembre de 2022, y cerca de 144.000 nicaragüenses fuera del país debido “al temor de la acción represiva de las autoridades”.

“Resulta urgente que el Gobierno tome medidas para restablecer un proceso electoral creíble, justo y transparente, como se recomienda en nuestros informes. Todos los nicaragüenses deben poder ejercer libre y plenamente sus derechos civiles y políticos, independientemente de su afiliación política”, subrayó.

“También insto al Gobierno a iniciar un diálogo nacional, como ofreció el Presidente en enero de 2021. El diálogo debe ser inclusivo desde todo punto de vista y debe tener como objetivo garantizar una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de derechos humanos que continúa afectando profundamente al país”, concluyó.

(Con información de Europa Press)

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