Nicaragua: la democracia violada

Marcelo Valle Fonrouge presentará este 16 de diciembre “La democracia violada. Acciones y medidas para el fortalecimiento institucional y la protección de los Derechos Humanos en la República de Nicaragua”.

El libro focaliza en la actividad diplomática del ex embajador argentino en la República de Nicaragua (2013 al 2019), aportando una visión local e internacional de la crisis social y política que estalló el 18 de abril de 2018. El texto comprende tres partes: la primera expone las causas, sus antecedentes y los principales actores de la explosión de la crisis del 2018; la segunda pone de manifiesto los elementos principales de la política exterior de Daniel Ortega, algunos datos sobre el servicio exterior de su Gobierno y, la actuación de los países de la región, de los estados “key players” y de los organismos internacionales frente al conflicto interno de Nicaragua; y la tercera parte evalúa la oportunidad y el vigor de las medidas adoptadas desde el exterior y consigna una serie de propuestas tanto para Nicaragua como las provenientes del exterior orientadas a la resolución de la crisis en cuestión.

Aquí, un extracto del libro: Del deterioro institucional a la crisis social y política

En Nicaragua hubo unos 75 años bajo los regímenes autoritarios de Zelaya, los Somoza y Ortega. Dictadores derecha y de izquierda fueron dictando el orden en una sociedad amarrada a los caudillos bajo una democracia vacía de contenido donde nunca se tuvo elecciones no protestadas salvo dos excepciones de los años 1928-1932, ambas elecciones fueron administradas por la marinería de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los triunfos electorales de Ortega tanto en las elecciones de 2006 como las de 2011 tuvieron sus similitudes y diferencias menores. La elección del 2006 fue una farsa electoral similar a las de los tiempos de Somoza “se vota pero no se elige”. En el año 2011 la candidatura a la reelección de Daniel Ortega fue autorizada pese a la prohibición establecida en la Constitución. Estas del 2011 tuvieron tal nivel de irregularidad y de violencia por las fuerzas de choque del orteguismo que la misión de observación de la Unión Europea señaló que los resultados eran imposibles de verificar y el jefe de la observación de la OEA, excanciller de la Argentina Dante Caputo, señaló el día de las elecciones que se habían quedado sin capacidad de saber qué estaba ocurriendo pues le habían “tapado el radar”. En las elecciones del año 2016 no hubo oposición, se la excluyó de manera jurídica, instantáneamente se convirtieron en ilegítimos. Los observadores internacionales fueron rechazados bajo el calificativo presidencial de “sinvergüenzas”. Daniel Ortega ha sido candidato en ocho campañas electorales (1984, 1990, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 y 2021) es el que más tiempo ha ostentado el poder en Nicaragua superando a Anastasio Somoza García, quien estuvo 17 años en la silla presidencial mientras que Ortega ha alcanzado los 20 años.

Un político que evolucionó de la revolución socialista a erradicar a los sectores progresistas dentro del partido sandinista. Hoy el caudillo se asienta en un régimen socialista antiimperialista confesional con economía de mercado.

El Daniel Ortega de hoy, sin embargo, no se explica sin Rosario Murillo. Ambos se complementan. La primera dama y vicepresidenta, funge de vocera del Gobierno, coordina los ministerios, alcaldías y consejos del poder ciudadano, órganos de control civil en todos los barrios del país. La pareja gobernante instauró una dinastía en el poder, al punto de que sus propios hijos ocupan de manera irregular responsabilidades de Estado sustituyendo a ministros e incluso al propio canciller como sucedió con su hijo Laureano Ortega que firmó el establecimiento de relaciones diplomáticas en la reciente reunión en China el 9 de diciembre de 2021.

Resultó sintomático que las fuerzas vivas no vislumbraran la evidente inevitabilidad de la crisis social y política que se avecinaba y que detonó el 18 de abril de 2018. Fue vergonzoso que el sector empresarial, obnubilado por un crecimiento económico sustentado en el acuerdo Gobierno y Empresa Privada, estuviera ciego de las acuciantes necesidades sociales y políticas de una ciudadanía silenciada a garrotazos. Ya el 22 de junio de 2013 grupos progubernamentales agredían a jóvenes en vigilia pacífica en apoyo a los adultos mayores que llevaban ocho días de protesta por una pensión reducida jubilatoria.

A inicios del 2018, fue la retardada mitigación oficial del incendio que afectó más de 6000 hectáreas de bosque de la “Reserva Biológica Indio Maíz” que provocó otra manifestación de ambientalistas y pueblos originarios. La deforestación acelerada por actividades agrícolas ilegales fue atribuida a la alianza entre las cúpulas empresariales y el Gobierno. Mas otra represión contra campesinos opuestos a la construcción del canal interoceánico previendo la expropiación de terrenos de cientos de miles de campesinos que habitan en la ruta trazada para la construcción de dicho canal.

El 18 de abril de 2018 detona la crisis y Nicaragua cambia radicalmente. Todo comenzó con una protesta pacífica contra unas reformas a la seguridad social que recibió el mismo tratamiento de siempre: garrotazos policiales y grupos de choque. La diferencia fue, esta vez, que la protesta de pancartas y consignas no se disolvió. El gobierno respondió con más represión exacerbada incluyendo balas vivas contra los manifestantes. A los primeros muertos, Nicaragua se insurreccionó. Comenzaron a levantarse barricadas en los barrios y ciudades y el tema de la protesta evolucionó del malestar por una reforma de la seguridad social a reclamar la renuncia y la rendición de cuentas ante la Justicia. Tres meses después había más de 330 muertos, cárceles llenas de presos políticos, miles de nicaragüenses escondidos y cientos de miles migrando a otros países y un Presidente en jaque, aislado internacionalmente, sostenido por paramilitares, una policía desbocada y un ejército en neutro.

El negacionismo de las elites del gran capital, en procura de una salida suave de la crisis y la inacción del ejército, ensimismado en una neutralidad cómplice, fue permitiendo que la violenta represión derivara en persecución sistémica, cárcel y exilio de los jóvenes y de tantos otros nicaragüenses. El Gobierno criminalizó la protesta y elaboró la tesis del “golpe de Estado” en procura de legitimar la represión, judicializó la política, modificó leyes ex post para facilitar acusaciones falsas, enjuició con base en una ley ad hoc de efectos retroactivos y se apoyó en el ejercicio obsecuente del aparato judicial.

Por su parte, tampoco contribuyó una lenta reacción externa manifestada en declaraciones de preocupación y rechazo de nulo efecto, a lo que se sumaron unas sanciones individuales que castigaron a determinados orteguistas responsables de la violencia y la corrupción del régimen que fueron replicadas con mas presos nicas.

En suma, con los fraudes electorales se degradó la institucionalidad del sistema electoral, paulatinamente se dejó al país sin instituciones, sin separación de poderes, sin Estado de derecho, con un poder ejecutivo y legislativo designados, un poder judicial politizado y un poder electoral al servicio del gobernante, sin balances ni contrapesos, sin libertad de expresión y sujeto a reiteradas violaciones a los derechos humanos. Así, si bien el detonante de la explosión social y política de abril fue la represión, las causas están en toda esa acumulación de resentimientos producto de esa vehemencia del poder de un régimen dictatorial, un sistema asfixiante de arbitrariedades, un hartazgo frente a la exacerbada corrupción oficial, la negación de libertades individuales y públicas y los crímenes de lesa humanidad.

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