La Corte de La Haya rechazó iniciar una investigación por posibles violaciones a los derechos humanos tras el estallido social de Chile

La oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) informó que descartó iniciar una investigación preliminar por los hechos ocurridos tras el llamado Estallido Social, ocurrido en Chile en octubre de 2019. El organismo internacional tomó esta determinación luego de considerar que no existen antecedentes que se pudieran considerar delitos de los cuales la institución pudiera tener jurisdicción legal. Además, indicó que los episodios denunciados no tendrían el mérito para abrir la investigación.

La determinación ya fue informada al Estado de Chile mediante un oficio enviado esta semana al Ministerio de Relaciones Exteriores y a todas las organizaciones de Derechos Humanos que presentaron denuncias ante la Corte. El CPI consideró que “las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas”, señala el texto.

Las denuncias habían surgido por presuntos crímenes de lesa humanidad presentadas en contra del Estado de Chile, del presidente Sebastián Piñera, los ex ministros del interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel; el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla; el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; lo ex ministros de Defensa Alberto Espina y Mario Desbordes; el ex general director de Carabineros Mario Rozas y el actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. La solicitud de investigación contra el Primer Mandatario fue presentada en abril pasado por la ONG Comisión Chilena de DD.HH., el exjuez español Baltasar Garzón y la organización italiana CRED.

El argumento de la querella señalaba que en Chile las violaciones a los DD.HH. eran “fraudulentamente calificados como delitos comunes”, con el fin de “sustraerlos de la jurisdicción de la Corte de Penal Internacional” para “favorecer su posterior impunidad”.

En este escenario, la Comisión Chilena de Derechos Humanos había enviado el pasado 10 de septiembre a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el informe final de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, respecto de la actuación del Gobierno en relación con las violaciones de los derechos humanos durante el estallido social de 2019.

Dicho documento era “un insumo relevante y complementario respecto de los hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad denunciados el día 29 de abril 2021 ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, comunicación en la que se denuncia al presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, y demás autoridades civiles, militares y policiales, por crímenes de lesa humanidad en el marco de la crisis de derechos humanos producida a partir de la denominada ‘revuelta social’”.

Reacciones

A través de un comunicado, la Cancillería aseguró que “el Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y con el trabajo que realizan la Oficina del Fiscal y la Corte Penal Internacional”. Además, señalaron en que el gobierno “seguirá cooperando en todo lo que sea necesario y le sea requerido” por los organismos internacionales.

Previamente, el candidato presidencial del Frente Amplio y el Partido Comunista, Gabriel Boric, había apuntado a que esta podría ser una de las vías internacionales para acusar al Gobierno de Chile y al presidente Sebastián Piñera por delitos de lesa humanidad.

El origen

En octubre del 2019 se registraron en varias ciudades del país grandes protestas que finalizaron con personas fallecidas, pérdida de la visión y cientos de lesionados. Las manifestaciones se han replicado durante todo este tiempo, siendo el principal punto de encuentro la Plaza Italia, en el corazón de Santiago, conocida por los manifestantes como Plaza Dignidad.

Según un informe presentado ante la Fiscalía Nacional por parte de Amnistía Internacional, “hace dos años, miles de personas en Chile salieron valientemente a las calles para exigir mayor igualdad y derechos humanos, como una pensión digna, vivienda, educación y salud pública de calidad. La respuesta de las autoridades fue una violenta represión y la criminalización de la protesta social, a través del uso excesivo de la fuerza, y el uso discriminatorio y desproporcionado de la prisión preventiva, entre otras graves violaciones a los derechos humanos”.

El organismo internacional de DD.HH. afirma que han demostrado “que los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento”.

De acuerdo con cifras oficiales, a marzo de 2021 de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se contabilizan cerca de 30 fallecidos, más de 8.000 víctimas de violencia estatal y cerca de 400 casos de trauma ocular.

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