La dictadura cubana prepara festejos para el mismo día que la marcha pacífica opositora a la que tildó de ilegal

Las autoridades de La Habana levantaron el toque de queda nocturno vigente en los últimos meses en medio de un proceso de desescalada del aislamiento social y una apertura paulatina de fronteras a nivel nacional prevista para el 15 de noviembre, día en el cual grupos opositores esperan hacer una marcha que generó polémicas.

El gobernador capitalino, Reynaldo García Zapata, informó el miércoles en conferencia de prensa sobre la decisión de retirar las limitaciones al movimiento vehicular y de personas vigente desde las 10.30 de la noche y una serie de progresivas flexibilizaciones —ante una mejor situación epidemiológica—, en el transporte, los comercios, las actividades culturales y las clases presenciales.

La fecha clave será el 15 de noviembre, fijada en septiembre por el régimen para una reapertura a nivel nacional de los vuelos internacionales que además coincidirá con el 502° aniversario de la fundación de La Habana -siempre se festeja desde la jornada antes, aunque la efeméride como tal es el 16- y que también fue la elegida por opositores que solicitaron a la administración de García un permiso para marchar y les fue denegado.

“No debe pasar otra cosa que lo que hemos planificado en función de que el pueblo nuestro celebre a lo grande todo este acontecimiento (el 502 aniversario)”, dijo García cuando se le hizo notar la concordancia del día con la protesta disidente. “El centro de atención de nosotros está en participar en todas las actividades que se han planificado”.

Además del retorno de los menores a las aulas el 15 de noviembre, se proyectaron jornadas posteriores de actividades físicas y deporte en plazas y parques -incluyendo los sábados en el Malecón habanero-, planes recreativos en espacios abiertos y en los barrios para los vecinos.

Cuba en general y La Habana en particular tuvieron una dramática desaceleración de su actividad social y económica debido la pandemia de la COVID-19. Desde marzo de 2020 hasta finales de ese año hubo un aislamiento casi total que permitió mantener bajo control relativo la enfermedad, pero a comienzos de este, la llegada de la variante Delta y cierta flexibilización, sobre todo de los viajes ,ocasionó un rebrote.

Sin embargo, en las últimas semanas las cifras oficiales de contagios decrecieron radicalmente junto a una campaña masiva de vacunación con antígenos nacionales -Soberana 02, Soberana Plus y Abdala- que se colocó incluso en niños a partir de los dos años.

El Ministerio de Salud reportó este miércoles un acumulado de 940.127 casos positivos desde el inicio de la pandemia de COVID-19, de los cuales fallecieron 8.114 personas.

En paralelo, en medio del aislamiento y una dura crisis económica, miles de ciudadanos se lanzaron a las calles el 11 de julio con demandando al gobierno el control de la carestía o una solución para el desabastecimiento, así como cambios en el régimen. Se reportó un muerto y una cantidad no determinada de detenidos, al tiempo que las autoridades también llamaron a sus simpatizantes a manifestarse.

Esta semana, la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch denunció que el régimen de Cuba respondió a las protestas callejeras de julio pasado con “detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos”.

Juan Pappier, investigador para las Américas de HRW y autor de un informe sobre Cuba, aseguró que “los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas... de unos pocos oficiales”. La organización, que no tiene presencia física o legal en la isla, dijo que entrevistó a más de 150 personas, entre ellas activistas, víctimas, familiares, periodistas y abogados; consultó documentos judiciales, multas a los manifestantes y publicaciones de grupos de derechos humanos de la isla y corroboró también videos y fotos.

Recientemente, opositores que forman parte de la plataforma Archipiélago y especialmente el dramaturgo Yunior García hicieron una solicitud para una marcha opositora pacífica que podría haberse convertido en la primera con autorización oficial, reclamando la liberación de los presos de julio -entre otros-, y al amparo de la nueva Constitución. Otras ciudades se sumaron a la iniciativa y también se les denegó.

La actividad contestataria se fijó inicialmente para el 20 de noviembre, pero el régimen instauró un Día de la Defensa -ejercicios que movilizan a civiles y militares- por lo que los organizadores la recalendarizaron para el 15. Las autoridades denegaron el permiso para la protesta callejera considerándola ilegal, pero los organizadores dijeron que se realizará igual.

El régimen cubano no da estatus legal a los opositores, a los cuales suele acusar de recibir dinero y orientaciones de Estados Unidos y grupos de interés dispuestos a destruir a la revolución y en medio de las duras sanciones impuestas por Washington presionando un cambio de modelo político.

(Con información de AP)

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