La Policía boliviana detuvo a un periodista dos veces tras golpearlo brutalmente y reprimió con gases una protesta de cocaleros

El conflicto entre productores de hojas de coca de la zona boliviana de los Yungas de La Paz se agudizó este martes en una jornada de violencia entre bandos enfrentados por la dirigencia del sector que se saldó con periodistas heridos y detenidos, además de denuncias de excesos por parte de la Policía.

El problema se dio porque dos sectores de cocaleros identificados como afines al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y un tercero del dirigente Armin Lluta, crítico del Gobierno, disputan la presidencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz.

Gremios de reporteros bolivianos exigieron una investigación al operativo de la Policía en el que un periodista fue arrestado y al menos otros dos comunicadores de la agencia internacional de noticias Reuters resultaron heridos.

La Policía desplegó un operativo para despejar las calles cercanas al Mercado de Adepcoca, sitio de venta legal de hojas de coca que se producen en provincias paceñas, situado en la zona de Villa Fátima en La Paz.

Según las denuncias de los medios afectados y de los propios periodistas que estaban en el lugar, las fuerzas de seguridad utilizaron gases y en algunos casos propinaron golpes a algunos manifestantes, incluso, cuando estos estaban reducidos en el piso.

Carlos Quisbert, del diario Página Siete, denunció que fue arrollado por un policía en una moto cuando cubría los enfrentamientos entre los manifestantes. Contó que vio a una mujer de la tercera edad en el suelo y, al acercase a ella, uno de los agentes los atropelló y posteriormente un grupo de policías lo arrestó.

“Estaba haciendo una cobertura y había una mujer de la tercera edad en el piso y los policías con sus motos han querido pasar por ahí (...) y por detrás vino un policía que estaba agresivo y me arrolló con la moto”, declaró Quisbert, quien luego del hecho fue trasladado a una comisaría.

El otro suceso se produjo cuando un artefacto explotó en medio de un grupo de periodistas y mujeres cocaleras que estaban contra una pared a pocos metros cerca de un hospital.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunció en un comunicado que la Policía “ha vulnerado” derechos humanos e individuales a la libertad de expresión de esos informadores y que esto muestra una “seria lesión a los valores democráticos en el país”.

“Con periodistas encarcelados o brutalmente gasificados, es necesario remarcar al poder que la democracia muere cuando, en medio del excesivo uso de la fuerza, no hay luz ni transparencia”, enfatiza el pronunciamiento.

En tanto que la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) expresó su más “enérgica protesta” por la situación de los corresponsales Santiago Limachi y Sergio Limachi, quienes resultaron heridos por la explosión y pidió “una investigación oportuna y profunda para aclarar lo sucedido”, además, de “procesar legalmente a los responsables”.

Se suman las agresiones contra periodistas en los últimos días

La Defensoría del Pueblo de Bolivia pidió al Estado “garantizar el trabajo de los medios de comunicación y reforzar la protección de los trabajadores de la prensa” tras las agresiones a comunicadores en los últimos días.

En un comunicado, la entidad indicó que “censura esas agresiones” e invocó la declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que establece que las amenazas e intimidaciones “violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

El periodista Miguel Rojas Fernández, del diario Opinión de Cochabamba, fue golpeado el lunes cuando registraba las agresiones de parte supuestamente de partidarios del alcalde de esa ciudad, Manfred Reyes Villa, a una persona en aparente estado de embriaguez a la que echaron de un espacio público e incluso empujaron tumbándola al piso.

En la grabación, el periodista registra parcialmente esos sucesos hasta que un grupo de personas empieza a increparlo y lo golpea hasta hacerle perder el control de su dispositivo.

Un hecho anterior se produjo el viernes pasado por parte de uno de los integrantes de seguridad del presidente del país, Luis Arce, cuando este asistió a la inauguración de la Feria Internacional de Santa Cruz.

El mandatario, en uno de sus recorridos por la feria, perdió un zapato, algo que un fotógrafo del periódico El Deber intentó registrar. Sin embargo, un miembro de seguridad puso su mano en el lente y junto a otros lo llevaron a empujones a un rincón hasta que la aparición de un camarógrafo de televisión evitó de que el incidente pasera a mayores, según indicó ese medio de comunicación.

“Es obligación del Estado garantizar el trabajo de los periodistas en todo el territorio boliviano”, señala el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

Organizaciones como la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba anunciaron que presentarán una denuncia por ese hecho para que la Fiscalía “cumpla su trabajo”, según declaraciones del principal dirigente del gremio, David Ovando.

En el caso de Santa Cruz, ya hubo un pronunciamiento de la Asociación Nacional de la Prensa, que representa a los propietarios de medios de comunicación impresos, en el que se calificó la acción como un “exceso” y pidió comprensión para el trabajo informativo.

Recientemente, la Asociación Nacional de Periodistas también se pronunció por acusaciones de algunos altos funcionarios del Gobierno boliviano que pusieron en duda el trabajo de varios medios de comunicación en torno a temáticas derivadas de la crisis política y social que afrontó el país en 2019 y que han generado polarización.

(Con información de EFE)

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