Colombia aseguró ante la ONU que la implementación del acuerdo de paz “es una realidad” y “no se interrumpe”

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores las regiones en las que se están ejecutando los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se han financiado con regalías de la explotación petrolera

La ONU está preocupada por la inseguridad en Colombia y la irrupción de la COVID-19
La ONU está preocupada por la inseguridad en Colombia y la irrupción de la COVID-19

La ministra de Exteriores de Colombia, Claudia Blum, ha reiterado este martes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la implementación del acuerdo de paz entre el Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “es una realidad” y “no se interrumpe”.

Así se lo expresó durante la sesión de presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, donde ha enfatizado que, a pesar del contexto derivado de la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo avanza “sin descanso” y tiene el “firme compromiso” de cumplir con los términos del acuerdo.

“No hemos retrasado ninguna de las áreas de trabajo que comprende la política de Paz con Legalidad --que constituye el marco desde el que se ejecutan los presupuestos, acciones y estrategias que desarrollan el acuerdo--. Su implementación es una prioridad del Gobierno del Presidente Iván Duque”, dijo.

Asimismo, señaló que “todas las entidades encargadas de aplicar la política de Paz con Legalidad han adoptado medidas para la prevención, atención y mitigación de riesgos de la COVID-19. Los beneficiarios de esas medidas incluyen a los excombatientes, las víctimas y los agricultores comprometidos con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos”.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Blum también ha mencionado que en las regiones en las que se están ejecutando los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se han financiado con regalías de la explotación petrolera y minera 186 proyectos por 423 millones de dólares, desde el inicio del Gobierno.

Asimismo, ha subrayado que las agencias gubernamentales también continúan comprometidas con 100.000 familias que han expresado su voluntad de abandonar el cultivo de coca y transitar hacia la legalidad.

De acuerdo con lo explicado, el Ejecutivo colombiano está “comprometido” con la reducción de cultivos ilícitos y ha presentado ante el Consejo de Seguridad la reducción en 2019 del área sembrada de coca por segundo año consecutivo, según el informe del sistema de monitoreo que acompaña la ONU en Colombia. También ha mencionado “la urgencia” de enfrentar a las economías ilegales del narcotráfico y la minería ilegal para lograr la paz y la seguridad en Colombia, en un marco de cooperación y corresponsabilidad internacional.

Ha recordado que el aumento en los cultivos ilícitos se observó entre 2013 y 2017 y ha lamentado el silencio que existió durante todo ese período frente a ese aumento de cultivos ilícitos que creó "nuevas amenazas para las comunidades más vulnerables, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos".

Un policía anti narcóticos vigila un cultivo de hoja de coca durante un operativo de erradicación en Tumaco, Colombia.
Un policía anti narcóticos vigila un cultivo de hoja de coca durante un operativo de erradicación en Tumaco, Colombia.

“El éxito y la sostenibilidad de la reincorporación de los excombatientes, son decisivos para evitar nuevos ciclos de violencia. Seguimos trabajando con determinación para apoyar sus proyectos productivos. El número de beneficiarios de los proyectos puestos en marcha en el primer semestre de este año se incrementó en un 71 por ciento en comparación con el mismo período de 2019”, destacó.

PROTECCIÓN DE EXCOMBATIENTES

En este contexto, Blum también se ha referido a la seguridad de los ex combatientes y las comunidades. Así, ha presentado avances en prevención y protección y en las investigaciones y acciones judiciales frente a los ataques contra los excombatientes y sus familias. Según ha explicado, la Fiscalía ha logrado avances “en el 49,7 por ciento de este tipo de casos”.

Por otro lado, el Ministerio de Exteriores ha resaltado que, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año y el mismo período de 2019, se observa una reducción del 30 por ciento en el número de homicidios. Además, la Fiscalía ha logrado el esclarecimiento en el 54,3 por ciento de las investigaciones, ha asegurado.

Por otra parte, ha informado de que “el Gobierno ha articulado acciones de 15 organismos diferentes para fortalecer la prevención, la protección individual y colectiva, y el apoyo a la investigación y el enjuiciamiento”, ha explicado.

"Todo ello, con una concepción integral de la seguridad en el marco del proceso de reincorporación y una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta irregular de los agentes del Estado", ha remarcado.

Así, ha resaltado que "el ambiente complejo y la amenaza que plantean los grupos armados organizados dedicados al tráfico de drogas y la minería ilegal" es el factor generador de la violencia que se concentra en determinadas regiones de Colombia.

Por último, también ha comunicado el apoyo del Gobierno al sistema de justicia transicional y ha asegurado que “no ha existido ni habrá ninguna reducción de su presupuesto”.

“INSEGURIDAD” DURANTE LA PANDEMIA

Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, el jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y representante especial del secretario general de la ONU, António Guterres, ha reconocido la “perseverancia” del Gobierno y FARC para “continuar con los esfuerzos de consolidación de la paz a pesar de las dificultades que plantea la pandemia”.

El líder del partido de la FARC, Rodrigo Londoño (c), junto a Carlos Antonio Lozada (i) y Pablo Catatumbo (d).
El líder del partido de la FARC, Rodrigo Londoño (c), junto a Carlos Antonio Lozada (i) y Pablo Catatumbo (d).

No obstante, ha criticado que "la inseguridad que enfrentan excombatientes de las FARC-EP, comunidades defensores y defensoras de Derechos Humanos y líderes sociales sigue siendo nuestra mayor preocupación y, lamentablemente, esta inseguridad ha continuado durante la pandemia".

Así, ha destacado que el número de ex combatientes asesinados desde la firma del acuerdo, en 2016, ha sobrepasado los 200 y se ubica en 210. “Sin duda, la violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del acuerdo y contra quienes defienden los Derechos Humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de paz en Colombia”, ha zanjado.

Sin embargo, ha remarcado la captura de varios individuos presuntamente responsables de algunos de estos asesinatos y ha agregado que estas detenciones "son un ejemplo de los resultados que pueden obtenerse a partir de los mecanismos creados" por el acuerdo.

"La pandemia ha demostrado, una vez más, la situación vulnerable de aproximadamente dos tercios de excombatientes acreditados que actualmente residen fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación", ha añadido.

Por último, Ruiz ha reiterado la petición de Guterres de un alto el fuego global para combatir la pandemia del coronavirus. "No hay justificación para seguir inflingiendo violencia contra colombianos y colombianas vulnerables que ya están pasando por enormes dificultades", ha lamentado.

(Con información de Europa Press)

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