El paciente cuya muerte fue informada como el primer fallecimiento como consecuencia de la pandemia de coronavirus no se encontraba entre la lista de pacientes confirmados informado por las autoridades, reportaron medios locales el martes.
Dicho listado es actualizado diariamente y publicado por el ministerio de Salud, y es resultado de la coordinación de los estados con el gobierno federal. De acuerdo con el diario Estadao, las autoridades confirmaron que el paciente tenía COVID-19 un día después de su muerte, ocurrida el lunes 16.
La secretaría del Estado de San Pablo informó ahora que busca la forma de ampliar los centros de diagnóstico y el testeo para tener un mejor mapeo del contagio de la enfermedad en la metrópoli.
El hombre fallecido el lunes era un ciudadano paulista de 62 años que no había viajado al exterior y que llevaba seis días en un hospital de una red privada de la ciudad. La misma red registró 4 muertes en los últimos días y se investiga si tuvieron que ver con el contagio de coronavirus.
En efecto, en la medida en la que no se implementen los testeos masivos como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), San Pablo -y tampoco el gobierno federal- tienen las condiciones para saber a ciencia exacta cuántos pacientes infectados hay y cuántos de ellos corren riesgo de muerte.
Hasta el martes, las autoridades brasileñas informaron que hay 291 casos confirmados de contagios del COVID-19. De esos, 162 son de la ciudad de San Pablo, aunque se desconoce cuántos corren riesgo de muerte.
La policía será la encargada de velar por el aislamiento y la cuarentena
El gobierno federal de Brasil publicó el martes una comunicación en la que establece los castigos para quienes no cumplan las medidas que disponen el aislamiento y la cuarentena previstas para intentar contener el contagio del coronavirus.
El texto, citado por el diario Folha de S. Paulo, prevé el uso de la fuerza pública para quienes no obedezcan en el cumplimiento del tratamiento médico; en algunos casos podrían ser sujetos de cargos penales y, en otros, hasta podrían ser llevados a prisión.
La norma, que fue firmada conjuntamente por los ministros de Salud, Luiz Henrique Mandetta, y de Justicia, Sergio Moro, dice que quien se resista a cumplir con el aislamiento y la cuarentena obligatoria estará cometiendo un crimen contra la Salud Pública.
El decreto prevé a su vez detenciones de un mes a un año, además de multas económicas para quienes no cumplan con las medidas preventivas.
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