La Justicia boliviana revocó este jueves la prisión domiciliaria del gobernador del departamento de Chuquisaca, Esteban Urquizu (MAS), y dispuso su detención preventiva en una cárcel común por un lapso de tres meses.

Urquizu se encuentra acusado de haber abandonado su cargo el 20 de octubre, día de las elecciones presidenciales en el país, cuyas alegaciones de fraude catalizaron la agitación social que terminó con la renuncia del expresidente Evo Morales.

En concreto, enfrenta los cargos abandono de funciones, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos. Urquizu renunció el 10 de noviembre -mismo día que el líder de su partido, Evo Morales- pero luego retrotrajo su decisión: aseguró que había hecho el anuncio bajo presión y pidió coordinar con el gobierno interino de Jeanine Áñez.

Sin embargo, debido al proceso que enfrenta, Urquizu solicitó licencia de su cargo hasta el 2 de enero del 2020. Sin embargo, no podrá retomar su cargo de continuar en prisión. Mientras tanto, Efraín Banderas fue elegido como gobernador interino.

Urquizu irá a la cárcel de San Roque luego de que la fiscalía apelara la decisión del juzgado de primera instancia de otorgarle la prisión domiciliaria. El Tribunal Departamental de Justicia aceptó la apelación e indicó que Urquizu debería permanecer tras las rejas debido a que, de permanecer en libertad, podría llegar a intentar fugarse.

En paralelo, las autoridades bolivianas continúan enfocadas en su tarea de conformar un nuevo Tribunal Superior Electoral que llame a un nuevo proceso electoral que reemplace al del 20 de octubre, que la Organización de los Estados Americanos (OEA) determinó haber estado viciado por una “manipulación dolosa” de los votos. Una vez que el nuevo TSE entre en funciones, tendrá dos días para llamar a elecciones.

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