Los diputados brasileños, detrás de la decisión del Tribunal Supremo de suspender el traslado de Lula

La eventual transferencia del ex presidente Lula da Silva a una prisión del interior de San Pablo, el penal de Tremembé, provocó una fuerte conmoción en la Cámara de Diputados brasileña. La decisión que había tomado una jueza de Curitiba, finalmente suspendida al anochecer por la Corte Suprema, que previó retirar al ex mandatario de las dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal, fue calificada por los más diversos partidos políticos, inclusive de derecha, como un acto "humillante", "absurdo" y que hiere las garantías de un líder político que comandó el país por dos períodos consecutivos.

Esta medida se conoció este martes al mediodía, en momentos en que los parlamentarios se apretaban a votar la reforma jubilatoria en segundo turno. El diputado Joaquim Passarinho, del Partido Social Democrático (PSD) de centro derecha, se levantó para hablar de la novedad. Sostuvo que "Lula es un ex jefe de Estado y merece un trato diferencial". El titular de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, del partido Demócratas (derecha) concordó con el legislador al calificar el caso de "persecución absurda". Y se manifestó dispuesto a actuar para "defender los derechos· del ex mandatario".

Más notable aún fue la declaración del líder del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB), Paulo Abi-Ackel (vinculado al senador Aécio Neves). Pese a que esta agrupación fue históricamente adversaria del Partido de los Trabajadores (fundado por Lula), el legislador juzgó "un hecho ridículo" esa postura judicial. Y consideró que "Lula, como ex jefe de Estado, merece otro tratamiento. Esto es una persecución absurda", condenó.

El legislador Marcelo Ramos, del Partido Liberal (también de derecha) se mostró "solidario" con el dirigente máximo del PT y cuestionó a "quienes hoy aplauden la resolución judicial porque se trata de un opositor político".

La senadora Gleisi Hoffmann del PT sostuvo que la agrupación teme por la vida de su dirigente. Esto llevó a que 60 parlamentarios, de todo el espectro político, hablaran con Antonio Días Toffoli, titular de la Corte, para evitar lo que consideraron una "amenaza a las garantías del ex gobernante".

La defensa del presidente Lula da Silva había presentado por la tarde temprano un nuevo recurso de habeas corpus en la Corte Suprema, donde ya se tramitaba otro pedido donde se demanda la libertad del líder político. Demandaba que, en caso de no ser concedida la liberación, Lula debía permanezca en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Fue esa precisamente la última palabra de la Corte, que por 10 votos a favor y apenas 1 en contra (sobre un total de 11 miembros) optó por cancelar el traslado del político petista a la prisión paulista en Tremembé, que suele ser llamada de "Penal de los Famosos".

Los ministros del Supremo Tribunal Federal coincidieron sobre los derechos del ex mandatario a permanecer en instalaciones especiales, precisamente por el hecho de haber ejercido el máximo cargo republicano. El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, había inclusive solicitado que si se efectivizaba el traslado, el ex presidente fuera alojado en instalaciones militares (no policiales).