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El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada pidió a Chile que evite aplicar ciertos atenuantes o beneficios penitenciarios en las condenas por desapariciones durante la dictadura (1973-1990) y, también, que ninguno de estos casos sea sometido a la jurisdicción militar.
En el examen periódico del Comité sobre Chile, cuyas conclusiones se publicaron el martes, se recomienda al Gobierno que "adopte las medidas necesarias para garantizar que los responsables de desaparición forzada sean siempre sancionados con penas apropiadas, que tengan en cuenta la extrema gravedad del delito".
El Comité "notó con preocupación" que en algunos de estos casos se aplicaron atenuantes tales como la "conducta anterior irreprochable" o se sustituyeron penas de prisión por libertad condicionada.
También lamentó el hecho de que la desaparición forzada aún no haya sido tipificada como un delito autónomo en Chile, aunque en este sentido hay un proyecto de reforma del Código Penal que sí lo haría, por lo que el Comité pidió a la autoridades chilenas que se acelere esa enmienda legal.
Por otro lado, llamó la atención acerca de que aún no se hayan iniciado procesos judiciales en 355 casos de secuestro, detención ilegal, aplicación de tormentos y desapariciones reconocidos (frente a 834 causas sí abiertas).
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Aunque la mayoría de los casos se perpetraron durante la dictadura de Augusto Pinochet, el Comité lamentó, asimismo, los "lentos avances" en la investigación de cuatro casos de desaparición forzada posteriores a ese período y el hecho de que esas personas no hayan sido localizadas.
El comité de Naciones Unidas recomendó, por último, que se aceleren las pesquisas relativas a sustracción de menores en Chile, donde las autoridades investigan el robo de 341 niños (279 durante la dictadura).
El examen periódico de Chile ante el Comité se celebró los días 9 y 10 de abril, y la delegación chilena estuvo encabezada por la subdirectora de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Lorena Recabarren.
(Con información de EFE)
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