Denuncian ante la ONU a las mineras que operan en la Amazonía por violaciones derechos indígenas

El informe documenta casos de vulneración de derechos humanos
El informe documenta casos de vulneración de derechos humanos

Líderes indígenas, apoyados por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), van a trasladar a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) un informe con casos documentados de violaciones de derechos en ese territorio, la mayoría vinculados a la actividad de industrias extractivas.

Una treintena de líderes de comunidades indígenas de los nueve países de la Panamazonía han recibido formación en la Escuela de Derechos Humanos de la REPAM, situada en la ciudad peruana de Jaén, donde se ultima un documento que recopila las principales vulneraciones en el territorio de la Amazonía, en el que viven 33 millones de personas.

"Las principales amenazas vienen de los estados que no garantizan los derechos de estos pueblos y autorizan a las empresas extractivas y petroleras a realizar esas actividades", según denuncia la responsable de comunicación de la red, Daniela Andrade, una de las formadoras de esta escuela de derechos humanos.

En la escuela se dotan de herramientas a líderes de comunidades amazónicas, como enseñanza jurídica para conocer las vías de acceso a los sistemas de defensa de derechos humanos en sus países y ante organismos internacionales como la ONU, para que ayuden a sus poblaciones a tomar conciencia de sus derechos.

“También se trabajan protocolos de defensa ante posibles ataques de empresas y de gobiernos, porque muchos de esos líderes están amenazados por este trabajo de resistencia y de defensa de la dignidad de las comunidades”.

Las principales amenazas en estos momentos contra los 380 pueblos indígenas que viven en la Amazonía, con una extensión de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, "proceden de empresas canadienses y chinas autorizadas por los estados, que hacen carreteras y otras vías para desarrollar sus actividades, desalojando en muchas ocasiones a las comunidades", relata la responsable de esta red de organizaciones católicas.

Durante una visita a este centro de formación, apoyado por organizaciones como Cáritas Española, su directora y abogada Francis Andrade ha destacado la importancia de "generar un movimiento global de acción" dejando que estas comunidades sean las que lo protagonicen.

Para la jurista, "una selva no se salva sin otra selva" y por ello ha valorado la importancia de esa unión. "Trabajamos con las comunidades para que sean ellas las que den respuestas desde la resistencia de acciones en sus actividades cotidianas".

“Estos líderes nos dicen que se sienten los cuidadores del territorio para todos, los guardianes para que tengamos vida”.

Una de las alumnas de esta escuela Flavia Silva, ha expuesto la lucha y el sufrimiento de su comunidad, situada al nordeste de Brasil -en el estado Marañón-, por la construcción de una vía ferroviaria de más de 900 kilómetros que comunica cinco industrias extractivas de hierro y otros materiales.

"Se vulnera el derecho de mi pueblo a la no contaminación y eso afecta no solo a mi comunidad sino a todo el país", cuenta esta joven líder, que denuncia que llevan más de diez años luchando por nuevos reasentamientos.

"He aprendido a cómo negociar ante problemas de nuestras comunidades con las empresas extractivas; por no saber las consecuencias que iban a tener sus trabajos, no hemos podido enfrentar el saqueo y la destrucción de nuestros territorios", ha señalado Germán Vargas, líder Quichua de Ecuador, otro alumno de la escuela.

El informe documenta casos de vulneración de derechos humanos como el proyecto minero Afrodita en el Cenepa (Perú), derrames de petróleo en comunidades de Chiriaco (Perú) y los sufridos por el Pueblo Tagaeri (Ecuador), Pueblo Yaminawa (Brasil) y Pueblos indígenas del Tipnis (Bolivia), entre otros.

Con información de EFE

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