Lula da Silva: ¿preso o presidente?

(Nota actualizada el 4 de abril de 2018)

"No vine aquí a defender mi candidatura, vine a defender mi inocencia. Tienen que devolvérmela", dijo Luiz Inácio Lula da Silva el lunes a la noche ante unos 5.000 seguidores que lo vitoreaban en Río de Janeiro. Fue su último discurso antes de que este miércoles a la tarde el Supremo Tribunal Federal (STF) tome la decisión que definirá su futuro.

Lula sabe que la Corte no le puede "devolver la inocencia". Al menos no hoy. Lo que tiene que resolver es si acepta su pedido de habeas corpus. Si lo rechaza, el ex presidente tendrá que ir a la cárcel. Pero, si llegara a aceptarlo, podría continuar en libertad y tendría alguna posibilidad de sostener lo único que puede salvarlo: su candidatura en los comicios de octubre. En ese caso, aún sin ser declarado inocente, podría regresar a la presidencia.

El ex sindicalista que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 quedó contra las cuerdas el pasado 24 de enero, cuando el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4), con sede en Porto Alegre, ratificó su condena a 12 años y un mes de reclusión. Confirmó así el fallo del juez Sérgio Moro, que lo investigó en el marco de la operación Lava Jato por haber recibido sobornos por más de un millón de dólares de parte de la constructora OAS, a cambio de conseguirle contratos de obra pública con Petrobras.

Una de las principales evidencias en su contra es un apartamento en el balneario de Guarujá que OAS le habría entregado para que utilice como si fuera suyo. "No solicité, no recibí, no pagué ningún triplex", había dicho Lula en su declaración. Ni Moro ni los tres magistrados del TRF4 le creyeron.

La Justicia brasileña tiene antecedentes inconfundibles: quien recibe una condena en segunda instancia es puesto automáticamente tras las rejas. Es decir que, si Lula fuera un político olvidado, ya estaría preso. Pero el líder del Partido de los Trabajadores no es cualquier dirigente.

No es José Dirceu, su ex mano derecha y jefe de gabinete, que está la cárcel desde 2013 por el escándalo de corrupción del Mensalão. Tampoco es su heredera, Dilma Rousseff, que tras convertirse en la presidente más impopular en la historia de Brasil fue destituida por el Parlamento en agosto de 2016.

Lula es, a pesar de todo lo que le ocurrió a él y a su partido, el político más popular del país, y su imagen va en aumento en los últimos meses. Por eso, el STF decidió la semana pasada tomarse algunos días para evaluar su pedido de habeas corpus para permanecer en libertad, con el argumento de que el máximo tribunal aún puede revisar la sentencia.

El futuro del ex mandatario no tiene grises. Está entre la cárcel y un regreso triunfal a la presidencia.

La estrella de la política brasileña

"Cuando dejó la Presidencia de La República, Lula tenía uno de los más altos índices de aprobación, no sólo en Latinoamérica, sino en todo el mundo democrático. El país estaba en un período de crecimiento económico muy importante, con bajo desempleo y suba de los ingresos medios de la población. A eso se sumaba la disminución de la desigualdad social. Así que muchos todavía lo ven como un gran presidente, en especial al norte del país y entre las clases más bajas", dijo a Infobae el abogado Gustavo Giora, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Federal da Fronteira Sul.

La memoria y las estadísticas están de su lado. Poco le importa al votante medio si la notable mejora en la calidad de vida que se registró durante su administración se debió a sus políticas o a un contexto económico nunca antes visto a nivel regional. Tampoco si esa bonanza era sostenible en el tiempo.

"Durante los gobierno de Lula la economía creció a un ritmo de 4% anual, 36 millones de personas salieron de la pobreza, una reducción de más del 50% en relación al gobierno anterior, y bajó un 75% el número de personas en la extrema pobreza. Todo eso le dio a Lula un capital político enorme, que compensa el desgaste que viene sufriendo por las acusaciones de corrupción", explicó Fernando Guarnieri, investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, consultado por Infobae.

Lula tiene un 37% de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre, según la última encuesta de Datafolha. Su competidor inmediato, el militar retirado Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, aparece con 16 por ciento. Tercero está Geraldo Alckmin, candidato del PSDB de Fernando Henrique Cardoso, con apenas 7 por ciento.

Lula creció siete puntos en los últimos seis meses. Su popularidad es mayor entre los menos escolarizados y entre los más pobres. En las regiones del Nordeste alcanza el 50 por ciento.

"La izquierda construye una imagen del ex presidente como un mártir del pueblo contra las élites capitalistas y del aparato de Estado —dijo Giora—. Ideológica y electoralmente no tiene alternativa, pues no dispone de otro candidato con una mínima posibilidad en su campo, y debe proteger a su gran y único prócer. Por su lado, los conservadores no tienen ningún candidato viable de dentro del establishment, razón por la cual Lula todavía no tiene, por ahora, oponente claro en las encuestas".

La única desventaja que tenía Da Silva, que mucha gente dice que jamás lo votaría, se va diluyendo con el correr del tiempo. De estar cerca del 50% hace un año, el rechazo hacia su figura cayó al 40 por ciento. Es lógico. La fragmentación del antilulismo es tan grande que asusta, sobre todo considerando que tiene al frente de las encuestas a Bolsonaro, un dirigente que reivindica la dictadura militar y dice las peores cosas de las mujeres y de los gays.

Por eso, todo indica que Lula ni siquiera sería derrotado en una hipotética segunda vuelta. Según Datafolha le ganaría a Bolsonaro por 49 a 32%, a Alckmin por 49 a 30%, y a la ambientalista Marina Silva —con la que antes perdía— por 47 a 32 por ciento.

"Si Lula fuera candidato, lo que dependerá de los próximos capítulos de la operación Lava Jato, dos factores marcarían el tono de la campaña —dijo Guarnieri—: su habilidad para mostrarse a sí mismo y al PT como víctimas de persecución por parte de una elite 'demofóbica', y el desempeño del gobierno de Michel Temer. Si su retórica fuera convincente, y la popularidad del presidente continuara en baja, ganará las elecciones. Ése es el escenario más probable hoy".

Entre la cárcel y el Palacio del Planalto

Incertidumbre. Si bien la disputa electoral se presenta muy favorable a Lula, su situación judicial es muy delicada. Si el STF le niega el habeas corpus todo habrá terminado. Pero incluso en caso de que se lo conceda podría quedar excluido de la contienda electoral.

La Ley de Ficha Limpia impide que se postulen a la presidencia personas que tienen una condena de segunda instancia. La última palabra la tiene el Tribunal Superior Electoral (TSE), que es el organismo encargado de aprobar o rechazar las candidaturas. Pero no se puede expedir hasta que la postulación no sea oficial, lo que ocurrirá recién el 15 de agosto. Si se mantiene apegado a la ley, debería excluirlo. Pero, así como el STF podría otorgarle hoy el beneficio de permanecer en libertad, el TSE podría encontrar algún argumento para dejarlo participar.

Si pudiera competir en los comicios y fuera electo antes de que la Corte evalúe la condena a 12 años de cárcel, Da Silva podría llevarse un premio aún mayor. La jurisprudencia brasileña establece que cuando alguien accede a la presidencia, todas las causas penales que tiene abiertas quedan suspendidas durante el mandato, y recién cuando termina se pueden volver a juzgar.

"La candidatura le sirve como un salvoconducto inmediato —dijo Giora—, porque la legislación brasileña impone que el presidente sólo puede ser procesado por crímenes de responsabilidad (o sea, cometidos durante el ejercicio y relacionados con el cargo). Así, una vez electo, muchos de los procesos quedarían automáticamente suspendidos, y los que continúen pasarían a la competencia del STF".

El abogado y politólogo Cláudio Lopes Preza Júnior, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Rio Grande do Sul, rechaza esa interpretación dominante de la ley, según la cual un mandatario no puede ser juzgado por delitos cometidos antes de asumir. "Creo que el STF debería tener el coraje de cambiar su jurisprudencia, interpretar la Constitución según principios republicanos y juzgar al presidente —dijo en diálogo con Infobae—. Aunque muchos dirían que es un golpe, creo que el verdadero golpe se lo están dando al pueblo brasileño, que a través de estas estratagemas procesales puede asistir a un escenario de impunidad rara vez visto en la historia reciente de la humanidad".

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