Otro motín en una cárcel de Brasil dejó 31 muertos: varios de ellos fueron decapitados

Al menos 31 personas fueron halladas muertas en una cárcel del estado brasileño de Roraima, en el norte del país, cuatro días después de que 56 reos fueran asesinados en una prisión de Manaos.

Se trataría de una venganza del grupo criminal PCC tras sufrir la masacre de Manaos a manos de sus rivales del Comando Vermelho.

La matanza ocurrió la madrugada de este viernes en la Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo (Pamc), en Boa Vista, capital de Roraima, según un comunicado de la Secretaría de Justicia y Ciudadanía (Sejuc) del estado, que por el momento no detalló los motivos de las muertes.

El mapa del lugar de la masacre

La Secretaría resaltó que la situación está "bajo control" y que el Batallón de Operaciones Especiales (Bope) y agentes de la Policía Militar se encuentran en el interior del presidio.

En octubre del año pasado, 10 presos murieron durante un reyerta entre clanes rivales en el Pamc, la mayor cárcel de Roraima, un estado fronterizo con Venezuela y Guayana.

Las muertes de Roraima se suman a las registradas el pasado lunes en el complejo penitenciario Anísio Jobim de Manaos, capital del estado de Amazonas, que fue escenario de una masacre en la que fallecieron 56 personas por un supuesto enfrentamiento entre dos facciones rivales.

El sistema carcelario brasileño atraviesa una grave crisis, con problemas de superpoblación en las prisiones, pésimas condiciones y continuos enfrentamientos entre organizaciones criminales rivales.

El Gobierno salió durante la víspera al paso para contener la crítica situación de los presidios y anunció un Plan Nacional de Seguridad Pública, que prevé, entre otros aspectos, una modernización de las cárceles del país.

Comando Vermelho vs. PCC

La sangrienta masacre iniciada la tarde del domingo en una cárcel de Manaos volvió a poner de manifiesto el brutal enfrentamiento de las organizaciones criminales de Brasil, que luchan por el control de las instalaciones y el manejo de las actividades delictivas.

Las decenas de muertes, con mutilaciones, quemaduras y decapitaciones, ocurrieron por una batalla entre el Primer Comando de la Capital (PCC), asentado principalmente en San Pablo, pero con presencia en 22 de 27 estados de Brasil; y la Familia del Norte (FDN), organización traficante basada en Amazonas. Pese a ser una organización sin escala nacional, es aliada del poderoso Comando Vermelho (rojo en portugués), creado en 1979 en Río de Janeiro.

Luego de décadas de entendimiento e incluso zonas de alianza, la tensión entre el PCC y el CV había llegado a niveles críticos en los últimos meses en las cárceles del noreste, una región fundamental para el narcotráfico y el contrabando, por su cercanía a países productores de cocaína y a los escasos controles de Venezuela.

Sin embargo, el Comando Vermelho había perdido su participación en estas rutas en los últimos años luego del encarcelamiento de algunos de sus líderes, tras años de comercio con las guerrillas colombianas.

En octubre, en la prisión de Roraima, donde este viernes hubo un sangriento motín, integrantes del PCC invadieron los sectores destinados a los presos del Comando Vermelho y mataron a 10 integrantes (siete carbonizados y tres decapitados) de su ex aliado y el FDN.

Un día después, como una muestra de la ola expansiva de la rivalidad, ocho presos murieron en una nueva disputa criminal en una prisión del estado de Rondonia.

Compaj, sitio de la matanza del lunes, es dominado en la actualidad por la FDN, y los detenidos del PCC son minoría. Un líder de la Familia, José Roberto Fernandes Barbosa, conocido como "Messi", se había reunido con las autoridades para exigir que acabasen con el área reservada al PCC, a cambio de un plazo de "tregua" en las calles de la región, según documentos a los que accedió el diario El País. Su acuerdo no llegó a concretarse, lo que desembocó en una nueva matanza.

Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, detrás de los Estados Unidos, China y Rusia, según el documento. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado varias veces sobre las deplorables condiciones de los presidios en Brasil.

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