La Paz, 24 may (EFE).- La Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad boliviana de El Alto pidieron este domingo "el esclarecimiento urgente" de los hechos ocurridos el sábado durante un operativo para desbloquear una carretera troncal, incluida la denuncia de un joven muerto en una zona donde hubo enfrentamientos.
En un comunicado, estas instituciones demandaron "el esclarecimiento urgente, independiente y transparente de los hechos ocurridos" el sábado, "en particular aquellos vinculados a personas heridas, un fallecido y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos".
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La posición fue publicada a propósito de las denuncias de los sectores campesinos que bloquean las carreteras desde hace 19 días de que un joven de 23 años murió el sábado por la tarde por un disparo cerca de la localidad de Vilaque, donde se enfrentaron agentes policiales y militares con los manifestantes.
Los sectores campesinos de la zona andina, la Centra Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que asumió el Gobierno hace seis meses.
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Medios locales publicaron este domingo un reporte forense que certificó la muerte de Víctor Cruz Quispe, por un "proyectil de arma de fuego", tras un examen realizado en el Hospital de Clínicas de La Paz, a donde el cuerpo fue trasladado el sábado en la noche desde el altiplano.
De momento, ninguna autoridad del Ejecutivo se ha pronunciado sobre el caso, aunque la noche pasada el vocero presidencial, José Luis Gálvez, negó que se haya producido decesos en el operativo y aseguró que los agentes solamente emplearon gases lacrimógenos en el operativo.
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Los militares y policías buscaban desbloquear la carretera troncal entre las ciudades de La Paz y Oruro, distantes en 227 kilómetros para facilitar la llegada de alimentos, combustible e insumos médicos a la sede del Gobierno y la vecina El Alto, afectadas por el desabastecimiento de los productos.
Sin embargo, el operativo fue suspendido tras los enfrentamientos en varios tramos de la ruta, que derivaron en la quema de oficinas estatales y destrozos contra vehículos que acompañaban el convoy.
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Las tres instituciones lamentaron que "el diálogo no se haya concretado hasta ahora, situación que evidencia la necesidad urgente de restablecer condiciones efectivas para la comunicación entre las partes en conflicto, con voluntad real de bajar la tensión y búsqueda de soluciones mediante mecanismos pacíficos".
Asimismo, reiteraron su llamado a "los actores involucrados a concretar espacios de diálogo", evitando acciones que profundicen la confrontación "o ponga en riesgo la vida y la integridad de la población".
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También aseguraron que continuarán "realizando acercamientos con los distintos sectores movilizados y con el Gobierno" para generar canales de comunicación, la reducción de la violencia y la generación de condiciones mínimas de entendimiento". EFE
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