Cracovia (Polonia), 22 may (EFE).- El Ministerio de Digitalización de Polonia ha publicado este viernes un reglamento que permitirá validar a todos los efectos legales a los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en el extranjero, lo que ha provocado un debate social e incluso la negativa por parte de un alcalde a acatar la medida.
La normativa, publicada hoy en el Diario de Leyes, entrará en vigor en tres meses y establecerá la obligación legal, para todos los registros municipales, de inscribir este tipo de uniones.
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Poco después de conocerse la noticia, Łukasz Filipowicz, alcalde de Zakopane (Sur, 25.000 habitantes) declaró a la agencia Pap que su municipio se negará a cumplir la orden, por considerarla contraria a la Constitución, y defendió que su postura está abalada por "la tradición y a la fe" católica.
Por su parte, el ministro de Digitalización, Krzysztof Gawkowski, respondió a ese desafío en una rueda de prensa en Varsovia en la que dijo que la ley "obliga a todos" los municipios y que "el tiempo de las humillaciones ha terminado", y anunció que ya se han modificado los programas informáticos de la Administración para permitir las inscripciones de parejas del mismo sexo.
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El reglamento ministerial publicado hoy no tiene rango de ley, lo que ha sido una decisión expresa del Gobierno para que no se requiera una reforma constitucional o de leyes orgánicas que definirían el matrimonio de forma distinta a la actual (unión exclusivamente entre un hombre y una mujer).
El origen de esta medida está en el caso de Jakub Cupriak-Trojan y Mateusz Trojan, dos polacos casados en Berlín en 2018 que pidieron la inscripción de su matrimonio en un municipio polaco.
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Tras años de litigio, el Tribunal Supremo Administrativo (NSA) dictaminó hace unas semanas que la administración debía reconocer ese derecho a pesar de las limitaciones técnicas, lo que permitió que su acta fuera la primera transcrita en un registro polaco y se crease jurisprudencia.
En su fallo, el tribunal polaco se basó en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a reconocer estos vínculos en todos los países miembros.
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La situación actual evoca la reciente polémica de las "zonas libres de ideología LGBT", unas resoluciones simbólicas adoptadas por casi 100 municipios polacos desde 2019 que se declararon hostiles a las minorías sexuales.
Aquella deriva provocó que la Unión Europea amenazase con retirar 2.500 millones de euros en fondos de cohesión y declarara a toda la UE como "zona de libertad" para el colectivo.
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Debido a esa presión financiera y a varias sentencias judiciales que las calificaron como un atentado a la dignidad humana, la última de estas zonas fue abolida en abril de 2025. EFE
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