El Gobierno aprueba el real decreto que garantiza la sanidad pública a personas inmigrantes en situación irregular

El documento provisional que permitirá el acceso a la sanidad pública en España para personas extranjeras en situación irregular no tendrá fecha de caducidad mientras el beneficiario no adquiera cobertura sanitaria por otra vía. Esta medida, incluida en un real decreto aprobado por el gobierno, introduce nuevos mecanismos para garantizar la atención médica universal y elimina diferencias burocráticas entre comunidades autónomas, según informó el medio de comunicación que publicó la noticia.

El Consejo de Ministros aprobó el real decreto presentado por los Ministerios de Sanidad e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el propósito de asegurar que toda persona extranjera que resida en España sin permiso legal disponga de acceso rápido y efectivo a la red sanitaria nacional. Según publicó la fuente original, la norma apunta a superar las barreras administrativas y los problemas derivados de la aplicación desigual del Real Decreto-ley 7/2018, impulsado en el año 2018 para restituir el derecho universal que la normativa anterior de 2012 había restringido.

El procedimiento establecido se basa en la denominada declaración responsable. Con este documento, las personas solicitantes declaran que carecen de cobertura sanitaria por cualquier otra vía, que no pueden transferir derechos desde el extranjero y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. Tras la presentación de esta declaración, deberán acreditar su residencia en España, siendo el empadronamiento la vía preferente, aunque la administración aceptará otros medios de prueba, como certificados escolares, informes de servicios sociales, facturas de suministros a nombre del solicitante o cédulas de inscripción consular, detalló el medio original.

La entrega del documento provisional ocurre en el momento de la solicitud, lo que garantiza acceso inmediato a la asistencia pública en todo el territorio nacional, reportó la fuente. Los organismos responsables tendrán un máximo de tres meses para notificar la resolución definitiva; de no hacerlo, la solicitud se considerará estimada por silencio administrativo. Además, si una persona no puede iniciar el trámite directamente, las autoridades competentes iniciarán el procedimiento de oficio.

El nuevo real decreto también dispone medidas especiales para asegurar que personas con discapacidad puedan completar sus trámites en igualdad de condiciones. Están previstos formatos accesibles y apoyos para facilitar la comprensión y la firma del documento a quienes lo requieran.

La protección prioritaria para colectivos vulnerables constituye otra de las novedades incluidas en la normativa. El acceso a la asistencia médica pública se garantiza de manera inmediata y efectiva a menores de edad, mujeres embarazadas y víctimas de violencia de género, violencias sexuales o trata de seres humanos, independientemente de su situación administrativa. Tal como detalló la fuente, las mujeres embarazadas tendrán derecho a la atención durante el embarazo, el parto y el periodo posparto, así como acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo.

El derecho de acceso se amplía también a solicitantes de protección internacional o temporal. Para quienes se encuentren en situación de estancia temporal y atraviesen circunstancias de especial vulnerabilidad, el procedimiento contempla la elaboración de un informe que acredite esa condición. Dicho informe será emitido por los servicios sociales competentes de la comunidad autónoma correspondiente.

En su cobertura sobre el contenido de la norma, el medio de comunicación confirmó que se atenderán las necesidades de las personas con discapacidad mediante adecuaciones en los formatos documentales y la prestación de apoyos necesarios. Estas acciones buscan garantizar que el ejercicio de derechos se desarrolle en condiciones de equidad.

El alcance de las medidas no se limita únicamente a personas extranjeras. Como especificó la fuente, el real decreto extiende el derecho a recibir asistencia sanitaria pública a españoles de origen con residencia en el extranjero cuando se encuentren temporalmente en el país. Hasta ahora, este derecho solo cubría a pensionistas o trabajadores, pero la nueva norma lo amplía a cualquier español de origen y a sus familiares directos, siempre que no cuenten con cobertura internacional ni por convenios de seguridad social.

Con el objetivo de evitar el uso indebido de los fondos públicos, la ley incorpora controles sobre las prestaciones sanitarias otorgadas a través de este sistema. Si una solicitud resulta desestimada, se procederá a facturar las atenciones recibidas; sin embargo, no se reclamará el pago si la persona demuestra posteriormente que cumplía con los requisitos en el momento de recibir la asistencia. En los casos donde se detecte información falsa en la declaración responsable, el documento provisional quedará sin efecto y la administración podrá reclamar el reembolso de todas las prestaciones concedidas durante ese periodo.

El texto incorpora además cambios relacionados con el copago ortoprotésico. Las personas que ya cuentan con exención en el copago farmacéutico ambulatorio también quedarán exentas del pago correspondiente a productos ortoprotésicos, lo cual beneficiará a pensionistas con rentas bajas, personas con discapacidad y otros grupos en situación especialmente protegida.

Según informó el medio, la normativa tiene previsto su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las autoridades confían en que esta nueva regulación consolide la universalidad y equidad en el acceso a la sanidad, garantizando cohesión territorial en el ejercicio del derecho a la salud. El marco normativo también contempla la actuación de la administración en la iniciación de procedimientos de oficio cuando el interesado no pueda hacerlo, así como la adaptación de los procedimientos a las necesidades de personas con discapacidad para asegurar su plena autonomía y comprensión de los trámites.

De acuerdo con la información proporcionada por la fuente, el real decreto culmina una reformulación en el acceso al Sistema Nacional de Salud para quienes presenten dificultades administrativas o carezcan de documentación, integrando tanto a colectivos extranjeros como a nacionales retornados. Además de responder a situaciones de vulnerabilidad, el texto establece medidas de control y flexibilidad en el reconocimiento de derechos, con el fin de reducir los efectos de la desigualdad burocrática y territorial que persistían a raíz del marco legislativo anterior.