Las autoridades mexicanas interpusieron denuncias formales ante la Fiscalía General de la República contra seis personas y una empresa por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculadas a un esquema fraudulento oculto bajo estructuras empresariales en regiones turísticas. Esta acción, conforme detalló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se enmarca en el fortalecimiento del régimen de bloqueo de cuentas para reducir la dispersión y manipulación de recursos procedentes de actividades delictivas.
Según informó la agencia EFE, el Gobierno de México decidió sumar a estas personas y una empresa a la lista de personas bloqueadas, como resultado de una investigación conducida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La dependencia señaló que estas figuras habrían integrado el “núcleo operativo” de una red de fraude que presuntamente utilizaba como fachada esquemas empresariales y turísticos, principalmente en áreas del occidente del país conocidas por su atractivo para visitantes nacionales e internacionales.
El medio EFE reportó que la estructura fraudulenta operaba bajo la modalidad de “tiempos compartidos.” Este tipo de fraude se dirige a propietarios de inmuebles en destinos turísticos, a quienes, bajo engaños y mediante falsas promesas relacionadas con la gestión o mejora de sus propiedades de tiempo compartido, se les exige el pago anticipado de grandes sumas de dinero. La estafa resulta en la obtención de recursos ilícitos mediante la explotación de la confianza de las víctimas en el marco del negocio turístico-inmobiliario.
La secretaría expuso que el CJNG, organización a la que se relaciona la red, se encuentra en el foco de organismos nacionales e internacionales por su historial de actividades criminales, incluyendo delitos graves como el narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos ya había designado al Cartel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista el año pasado. Según publicó EFE, esta coordinación de sanciones ocurre poco después de que el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a 24 personas como sospechosas de integrar la misma red criminal asociada al CJNG.
Adicionalmente, la dependencia federal remarcó que la inclusión de estos individuos y la empresa en la lista de bloqueos implica una restricción inmediata en su acceso al sistema financiero mexicano. La medida se traduce en la limitación para operar cuentas bancarias, realizar transferencias o disponer de activos dentro del sistema financiero, tanto a nivel nacional como internacional. EFE consignó que la Secretaría de Hacienda destacó que esta restricción también sirve para evitar que los implicados recurran a intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas que les permitan ocultar u operar los fondos obtenidos a través del fraude.
“Ampliar las medidas restrictivas, derivadas tanto de sanciones internacionales como de políticas nacionales, robustece el alcance del régimen de bloqueo de cuentas,” afirmó la Secretaría de Hacienda, según citó EFE. Esto, añadió la dependencia, fortalece el blindaje preventivo del sistema financiero frente al flujo de dinero sucio y a la utilización de figuras societarias destinadas a la dispersión de capitales de procedencia ilícita.
El caso refleja la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses para hacer frente a delitos financieros y actividades criminales con alcance transnacional. La UIF mantiene la coordinación con instancias internacionales a fin de identificar, interrumpir y sancionar esquemas de fraude relacionados, según publicó EFE.
La inclusión de sujetos y entidades en la lista de personas bloqueadas es una herramienta que permite prevenir el uso del sistema financiero nacional e internacional para el lavado de activos. El gobierno mexicano aseguró que continuará perfeccionando estos mecanismos de restricción y vigilancia en respuesta a las estrategias criminales de organizaciones ilícitas. Tal como reportó EFE, la Secretaría de Hacienda subrayó la relevancia de actuar de manera coordinada en el marco del combate global a la delincuencia organizada y el lavado de dinero en circuitos turísticos y empresariales.
La UIF proporcionó información detallada de los mecanismos empleados por la red en la captación de recursos, resaltando la sofisticación de los esquemas corporativos y la utilización de zonas de alto flujo turístico para encubrir las transferencias de fondos, insistió EFE. Las denuncias presentadas forman parte de un esfuerzo conjunto orientado a desarticular los principales canales financieros de organizaciones criminales.
Por su parte, las autoridades reiteraron su compromiso con la protección del sistema financiero ante las amenazas que representan estos fraudes y la manipulación de recursos de procedencia ilícita, principalmente cuando se relacionan con estructuras vinculadas a un cártel considerado de alto riesgo y violencia a nivel internacional.
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