Por Andalucía registra una iniciativa en el Parlamento a favor de la "retirada de distinciones" a Juan Carlos I

La formación planteó ante la comisión parlamentaria una moción para que el Ejecutivo andaluz impulse a los ayuntamientos a suprimir menciones honoríficas municipales, espacios o reconocimientos vinculados al exmonarca, en medio de creciente controversia pública

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La proposición no de ley presentada ante la comisión parlamentaria busca que el Parlamento andaluz inste al Consejo de Gobierno a trasladar a todos los municipios la revisión y posible retirada de distinciones oficiales, honores públicos y espacios municipales vinculados a Juan Carlos I. Según ha informado Europa Press, el grupo parlamentario Por Andalucía registró esta iniciativa en la Cámara andaluza, proponiendo un impulso institucional para que los ayuntamientos analicen la permanencia de estas denominaciones en su patrimonio público.

La medida, pendiente de debate en la comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública del Parlamento autonómico, detalla que la propuesta solicita una revisión exhaustiva de denominaciones honoríficas, distinciones y equipamientos, así como vías y espacios públicos dedicados al padre del actual jefe del Estado, Felipe VI. El grupo Por Andalucía fundamenta la iniciativa en la creciente controversia social sobre la vigencia de estos reconocimientos y en hechos relacionados con la ilegitimidad del origen y el ejercicio de Juan Carlos I como jefe del Estado, según el texto consultado por Europa Press.

En su exposición de motivos, la proposición señala que Juan Carlos I fue designado jefe del Estado por decisión de Francisco Franco, lo que se considera incompatible con los valores democráticos. Además, sostiene que el ejercicio de sus funciones como monarca se ha visto deteriorado por presuntas prácticas corruptas, lo que, a juicio de los proponentes, agrava la ilegitimidad de tales honores en el actual contexto democrático. "Alentar la retirada de estos honores responde a la controversia pública y a la madurez de una sociedad democrática que rechaza mantener distinciones impropias", recoge la iniciativa, publicada por Europa Press.

El escrito enfatiza que mantener nombres de calles, plazas, avenidas o centros públicos en honor a Juan Carlos I supone una incongruencia histórica y una distorsión de los principios democráticos que, según Por Andalucía, no debe normalizarse en la comunidad autónoma. De acuerdo con la argumentación detallada por Europa Press, el grupo sostiene que la conservación de símbolos en homenaje a figuras designadas por regímenes dictatoriales refleja una falta de rigor y una desconexión entre la realidad política y la simbología institucional.

Además de criticar el origen franquista, la proposición alude a circunstancias relacionadas con la gestión del monarca durante y después de su reinado. El texto menciona investigaciones periodísticas en diferentes países, intervenciones fiscales y la necesidad de que Juan Carlos I realizara regularizaciones millonarias de fondos. Según lo reportado por Europa Press, el grupo subraya que estos hechos han perjudicado la imagen del exmonarca y de la institución que representó, afectando también la percepción ciudadana sobre la ejemplaridad y la transparencia en las altas esferas del Estado.

La iniciativa señala la involucración de Juan Carlos I en fenómenos económicos bajo investigación, cuentas y fundaciones en el extranjero, pagos y obsequios de alto valor y actuaciones económicas señaladas por la prensa nacional e internacional. El grupo que promueve esta moción afirma que mantener el nombre del rey emérito en espacios de titularidad pública representa un mensaje equivocado, sobre todo para las generaciones más jóvenes, en cuanto sugiere que la corrupción y los privilegios pueden ser compatibles con el reconocimiento institucional, según destacó Europa Press.

En ese sentido, la proposición alerta que la pervivencia de tales honores favorece la idea de que la ética puede resultar prescindible cuando se refiere a figuras de poder, y refleja una aceptación de la herencia franquista si se presenta con solemnidad institucional. Según el grupo Por Andalucía, este mensaje distorsiona cualquier proyecto democrático y se sitúa en contradicción con las exigencias de la ciudadanía, que reclama mayor transparencia y coherencia en las instituciones, además de verdad y reparación en relación con los hechos vinculados al franquismo.

Europa Press indicó que la proposición recoge además iniciativas previas tomadas por algunos ayuntamientos andaluces, quienes han comenzado a cambiar las denominaciones consideradas impropias en espacios públicos siguiendo el impulso social y la responsabilidad institucional. Pese a reconocer el valor de estas acciones municipales, la iniciativa advierte que las medidas se han desarrollado de forma desigual y dispersa en distintas localidades. Por ello, Por Andalucía solicita la intervención y liderazgo del Parlamento autonómico, considerando que no corresponde dejar esta responsabilidad únicamente en los ayuntamientos y que “debe impulsarse un proceso homogéneo y riguroso en toda la comunidad”.

El grupo parlamentario plantea que el Consejo de Gobierno de la Junta debería trasladar esta orientación general a los consistorios andaluces para que revisen y eliminen distinciones vinculadas a Juan Carlos I, sustituyéndolas por denominaciones acordes con los valores democráticos que, según defienden, aspira a sostener la sociedad. En el texto consultado por Europa Press, la formación insiste en que la revisión y retiro de estos honores no constituye un simple acto simbólico ni representa un ejercicio de revisionismo selectivo, sino que lo considera una cuestión de salud democrática y respeto por la memoria histórica.

La proposición concluye argumentando que la retirada de reconocimientos y distinciones a Juan Carlos I responde a la necesidad de corregir una desviación democrática persistente, y rechaza la defensa de “un relato oficial” que, según Por Andalucía, ha dejado de ser sostenido tanto en el plano ético como político. El grupo defiende que la medida es una obligación institucional encaminada a la regeneración y a reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, de acuerdo con el documento presentado, recogido y consultado por Europa Press.