Austin (EE.UU.), 18 ene (EFE).- El primer año del presidente Donald Trump ha estado marcado por un ataque “sin precedentes” contra los migrantes en Estados Unidos, con una política de mano dura que combinó un récord en las detenciones, tácticas cada vez más violentas, restricciones a la migración legal y un uso intensivo de la acción ejecutiva, cuyas consecuencias humanitarias y económicas, advierten expertos, se sentirán durante años.
El año pasado, un total de 622.000 ciudadanos fueron deportados desde el inicio del actual mandato, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Aunque es una cifra elevada, queda por debajo de las 778.000 repatriaciones del último año fiscal completo del Gobierno de Joe Biden y lejos de la promesa republicana de un millón de deportaciones anuales.
Para elevar los números, la Administración recurrió a medidas duramente criticadas y cuestionadas en tribunales, como la expulsión de migrantes a terceros países. En el primer año, cientos de personas fueron enviadas a al menos 14 países distintos a los de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur.
Las detenciones sí alcanzaron niveles históricos. En promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. El American Immigration Council advierte que el Gobierno "está encarcelando a cientos de miles de personas —la mayoría sin antecedentes penales— en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad".
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Amnistía Internacional han calificado de "inhumanas" las condiciones en los centros, con denuncias de hacinamiento y abusos físicos y psicológicos. El 2025 fue el año más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con más de 30 fallecidos.
ICE: más agentes, más confrontación
Según cifras oficiales, el número de agentes de ICE se duplicó, de unos 10.000 a 22.000, y muchos fueron desplegados en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago o Mineapolis.
Diversas ONG han criticado las tácticas violentas y de confrontación directa con residentes. Desde el arranque del segundo Gobierno Trump agentes federales han disparado contra personas en unas 30 redadas, de acuerdo con datos del portal especializado The Trace.
Bajo este nuevo Gobierno del republicano los agentes comenzaron además a usar pasamontañas para cubrir sus rostros y a operar en vehículos sin identificar.
El énfasis en las detenciones derivó en arrestos de personas con ciudadanía o estatus legal: más de 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por agentes migratorios, según ProPublica.
ICE también trasladó los arrestos a cortes de inmigración y oficinas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), deteniendo a migrantes que acudían a procesos legales, incluidos cónyuges de ciudadanos o personas a punto de naturalizarse.
El Gobierno lanzó una ofensiva para eliminar programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países —entre ellos Venezuela, Haití y Honduras— y el 'parole' humanitario creado durante la Administración Biden. Como resultado, más de un millón de personas que ingresaron legalmente quedaron en riesgo de deportación.
Para el abogado de inmigración Juan Molina, con sede en Houston, estas decisiones generan una paradoja: "Inconscientemente están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus; esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta", relató a EFE.
En la frontera, la eliminación de la posibilidad de solicitar asilo (tanto en puertos de entrada como tras cruces irregulares) provocó un desplome de los cruces y detenciones hasta los niveles más bajos en 50 años, con un promedio de unos 9.700 cruces mensuales.
Las medidas se extendieron a la migración legal: con la suspensión de visados de migrante a 75 países, la paralización del programa de refugiados y el fin de la lotería de diversidad y de varios mecanismos de reunificación familiar.
Molina subraya además un componente cultural en el discurso oficial. "Cuando entras a la página de USCIS o a sus redes sociales, hay un énfasis en ‘defender la nación’, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”, señaló.
El Migration Policy Institute (MPI) destaca además el uso intensivo de la acción ejecutiva. Hasta el 7 de enero de este año, Trump ha firmado 38 órdenes ejecutivas sobre inmigración, cerca del 17 % del total emitido en su primer año. MPI estima que la Administración tomó más de 500 acciones migratorias en este periodo.
En su análisis, el centro advierte que el Gobierno "impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance", que han vuelto a EE.UU. "más hostil" no solo con los indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales, con impactos que "se sentirán durante años". EFE
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