
La última propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas para reformar el sistema de financiación se produjo en la legislatura pasada, hace ya cuatro años, y finalmente no salió adelante. Lo que planteaba era un nuevo modelo basado en el criterio de población ajustada, con variables que estaban pidiendo las regiones 'infrafinanciadas': Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha.
Y es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este lunes a las comunidades autónomas su intención de presentar un nuevo modelo de financiación en el plazo de los dos próximos meses, aunque todavía no se ha concretado ningún detalle, solo que se combinará la multilateralidad y la bilateralidad.
Sin embargo, el Gobierno central ya presentó a las comunidades una propuesta para reformar el sistema de financiación, aunque este planteamiento no salió adelante. Ahora, falta por determinar si Hacienda trabajará sobre este texto que remitió a las comunidades o tiene previsto otro escenario.
Según han ido adelantando las comunidades autónomas y el propio Gobierno, parece que hay cambios significativos en el nuevo modelo de financiación autonómica en el que está trabajando actualmente el Gobierno.
De hecho, el Gobierno central prevé eliminar las entregas a cuenta para los próximos años, algo de lo que principalmente se nutre el actual sistema de financiación. En este nuevo modelo también tendrá que tener cabida la singularidad catalana que pactaron el Ejecutivo central y el Gobierno de Salvador Illa.
DIFERENTES CRITERIOS
El debate sobre el modelo de financiación autonómica siempre ha provocado diferentes puntos de vista territoriales, ya que algunas comunidades piden que se tenga en cuenta la dispersión territorial, mientras que otras apuestan por la población ajustada o el Producto Interior Bruto (PIB).
También existen las comunidades comúnmente conocidas como 'infrafinancidas', que llevan varios años reclamando al Gobierno central la puesta en marcha de un fondo de nivelación transitorio mientras se reforma el modelo de financiación autonómica.
En cualquier caso, el Gobierno insiste en que un acuerdo para el modelo de financiación autonómica tiene que conllevar un consenso entre las dos grandes formaciones nacionales, lo que obliga a poner de acuerdo a PSOE y PP.
Por ello, desde el Ejecutivo están instando a la dirección nacional del PP a consensuar una posición para la negociación de este modelo, teniendo en cuenta que sus diferentes 'barones' territoriales están reclamando distintos criterios.
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