Un estudio del CSIC alerta del impacto del desperdicio alimentario en la producción de frutas y hortalizas

Un equipo liderado por la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha analizado los descartes de frutas y hortalizas antes de entrar en los circuitos comerciales entre 2018 y 2024 en España, y ha estimado su impacto ambiental mediante el cálculo de las huellas hídrica y de carbono asociadas.

Según ha trasladado el CSIC en una nota, los resultados, publicados en la revista Water, precisan que durante este periodo se desecharon más de 480.000 toneladas de excedentes, equivalente a un consumo de casi 36 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone 36.000 millones de litros y "permitiría llenar 14.400 piscinas olímpicas". La emisión equivalente de dióxido de carbono fue de "casi 37.000 toneladas".

España es uno de los países europeos más vulnerables al estrés hídrico: "más del 60 por ciento de su territorio lo comprenden zonas áridas". "A pesar de ello, el país ha desarrollado una potente vocación agrícola basada en el aprovechamiento intensivo de los recursos hídricos".

Embalses, trasvases, explotación de acuíferos y plantas desaladoras han permitido sostener una producción que alimenta, tanto al mercado interior, como a un "importante" sector exportador de frutas y hortalizas.

"Sin embargo, este modelo de éxito productivo oculta profundas ineficiencias", ha señalado el investigador de la EEZA-CSIC Jaime Martínez Valderrama, líder del trabajo junto a investigadores de la Universidad de Alicante y de la King Abdullah University of Science and Technology (Arabia Saudí).

"El desequilibrio creciente entre la demanda y la disponibilidad de agua, agravado por el cambio climático, coloca a España entre los países con mayor estrés hídrico del mundo". En este contexto, "el desperdicio de alimentos adquiere una dimensión especialmente crítica: cada fruta o hortaliza que se descarta representa también agua, energía y emisiones desperdiciadas".

Más allá de la magnitud de las cifras, los resultados, según apunta el equipo científico, "revelan un problema estructural". El modelo agroalimentario dominante, orientado a la rentabilidad inmediata y a la competencia en precios, "tiende a ignorar los costes sociales y ambientales de la producción".

Esto se traduce en "la sobreexplotación de los recursos hídricos, la degradación de los suelos, la precariedad laboral y la pérdida de valor de la producción agrícola en origen". El trabajo pone de manifiesto "la necesidad urgente de replantear las prácticas agrícolas actuales y avanzar hacia un modelo más sostenible, capaz de equilibrar la rentabilidad con la eficiencia en el uso de los recursos naturales".

"La gestión del agua, la reducción del desperdicio alimentario y la valorización justa del trabajo agrícola deben situarse en el centro de las políticas agrarias para garantizar el futuro de un sector esencial en un país cada vez más expuesto a la escasez de agua", ha recalcado Martínez Valderrama.