
La Presidencia de Madagascar ha condenado "firmemente" este miércoles el fallo del Tribunal Constitucional confirmando una vacancia en el cargo tras la huida del mandatario, Andry Rajoelina, al tiempo que ha reiterado que el presidente sigue en el cargo a pesar de que una unidad de élite del Ejército ha anunciado ya su cese y la creación de un comité para supervisar un periodo de transición, en medio de la profunda crisis política por las protestas antigubernamentales de las últimas semanas.
El Constitucional falló el martes que la jefatura de Estado estaba vacante después de que Rajoelina afirmara que había huido a un "lugar seguro" no especificado después de denunciar un intento de golpe de Estado, al tiempo que concedió el mandato a Michael Randrianirina, jefe del Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), la citada unidad de élite, que el sábado anunció que se ponía del lado de los manifestantes.
Tras ello, Randrianirina anunció la creación de un Consejo de Defensa Nacional de Transición (CDNT), en una primera batería de medidas que contempla también la anulación de la Constitución de 2010 y la suspensión de varias instituciones, entre ellas el Tribunal Constitucional y el Senado, después de que la Asamblea Popular --la Cámara Baja-- aprobara una moción de censura contra Rajoelina, que intentó impedir la votación disolviendo el organismo poco antes.
Por todo ello, la Presidencia malgache ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el fallo del Constitucional "está marcado por múltiples vicios, tanto en el fondo como en la forma", por lo que ha recalcado que la medida es "ilegal, irregular e inconstitucional" y supone "un atentado contra los pilares de la República, la estabilidad del orden constitucional y el Estado de derecho".
En este sentido, ha afirmado que la petición para que el tribunal se pronunciara sobre una posible vacancia fue "de una irregularidad manifiesta", dado que fue presentada por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien no contaría con dichas competencias, de insistir en que el fallo publicado "no fue emitido en debida forma", por lo que ha apuntado a posibles "actos de corrupción".
"Esto abriría la vía a una ruptura del orden constitucional, con todas las consecuencias de derecho", ha alertado, al tiempo que ha recordado que la audiencia del tribunal se celebró ante la presencia de militares en los alrededores, lo que provocó que los jueces "fueran evacuados de urgencia antes del cierre del debate, procediendo a la deliberación y firma por miedo a un atentado contra su integridad física".
"Los jueces del Constitucional dicen haber sido amenazados, por lo que no tuvieron la oportunidad de sopesar el caso con serenidad para adoptar una decisión pensada y con los elementos suficientes para pronunciarla sobre sus almas y conciencias", ha criticado la Presidencia de Madagascar, que ha insistido en que Rajoelina "sigue llevando a cabo sus funciones, en virtud de las competencias constitucionales que le fueron conferidas".
Por ello, ha criticado igualmente "la toma del poder por la fuerza por parte de una facción militar" y ha trasladado a los manifestantes que "esta intentona de toma del poder encarna exactamente lo contrario que los valores que defienden", dado que "se fundamenta en una violación manifiesta del Estado de derecho, pilar de los principios democráticos, lo que amenaza directamente los esfuerzos para luchar juntos contra la corrupción, la pobreza y para reforzar la buena gobernanza en el país".
Rajoelina, quien obtuvo un nuevo mandato en las controvertidas elecciones de 2023, ha ignorado las demandas de los jóvenes manifestantes para que renuncie a gobernar un país sacudido por varios golpes de Estado desde que obtuvo su independencia de Francia en 1960 y donde los últimos disturbios reflejan profundas frustraciones con el Gobierno, el acceso a los servicios básicos y la corrupción generalizada.
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