El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha anunciado este martes el despliegue de 5.000 militares adicionales en la provincia de Imbabura, una de las zonas en las que está teniendo más impacto el paro indefinido convocado por las organizaciones indígenas, tras una jornada de entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad que se ha saldado con cerca de medio centenar de detenidos.
"Estaremos el tiempo necesario hasta recuperar la paz de la provincia", ha afirmado en declaraciones recogidas por el diario 'El Telégrafo' en las que ha señalado que 5.000 efectivos se unirán al millar de movilizados a principios de esta semana como parte del convoy humanitario.
La llegada de este convoy al cantón de Otavalo, en Imbabura, ha coincidido con unas movilizaciones que las fuerzas de seguridad han tratado de dispersar con gases lacrimógenos, según recoge el diario 'Primicias', lo que ha desatado enfrentamientos con los manifestantes.
En este contexto, las autoridades han detenido hasta el momento a 43 personas, incluidas una de nacionalidad colombiana y otra venezolana, ha indicado Reimberg, quien ha denunciado que al menos hay cinco agentes heridos. "Tenemos un integrante de las Fuerzas Armadas que tiene una herida de cuchillo, que le atravesaron la pierna. Esto ha llegado a este nivel y serán procesados por atacar a la fuerza pública", ha asegurado.
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha denunciado en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X la "brutal represión" de las autoridades ecuatorianas en Otavalo, donde ha registrado al menos 50 heridos, varios de ellos en estado crítico, y unos 31 detenidos de manera "arbitraria".
"En las últimas horas, fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército irrumpieron en barrios y comunidades, lanzando bombas lacrimógenas y granadas de impacto directamente al cuerpo y dentro de las viviendas, afectando gravemente a niños, mujeres y personas mayores", ha relatado la organización convocante de las protestas en una nota en la que ha acusado al Ejecutivo de bloquear el acceso a hospitales y centrosa sanitarios, "hostigando al personal médico y negando atención a los heridos".
Así ha denunciado estos hechos como una violación del Derecho Internacional Humanitario y ha pedido la presencia "urgente" de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas para que documenten y verifiquen las "violaciones" cometidas.
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