El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica ha solicitado a la Asamblea Legislativa que apruebe la retirada de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, acusado de un delito de beligerancia política por supuestamente aprovecharse del cargo para favorecer una candidatura afín en las elecciones de 2026, en las que no puede postularse.
El TSE, que ha agrupado en un único expediente 15 de las 24 denuncias interpuestas contra el mandatario, ha confirmado que el pasado 3 de octubre su Sección Especializada acordó por unanimidad interpelar al Parlamento para que levante la inmunidad de Chaves.
Los magistrados entienden que "las denuncias superan la valoración de admisibilidad", pero en la práctica cualquier procedimiento sancionatorio contra el presidente depende del fin del blindaje concedido por ley al jefe de Estado, que se arriesga a una condena de inhabilitación o incluso al cese del cargo.
El Parlamento costarricense ya rechazó en septiembre levantar la inmunidad al presidente para que afrontara la acusación en su contra por supuesta corrupción en la contratación de consultorías con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La moción recibió entonces el voto a favor de 34 diputados, cuatro por debajo de los necesarios.
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