Brasilia, 28 mar. La Corte Suprema de Brasil dictó este martes que el estado de Río de Janeiro es responsable por las balas perdidas disparadas durante operativos policiales y puede ser obligado a pagar indemnización por daños morales y materiales.
La decisión se dio tras un caso en el que la Segunda Sala del máximo tribunal ordenó al Gobierno de Río indemnizar con 200.000 reales (casi 40.000 dólares) a la familia de un menor de tres años de edad, que murió víctima de una bala perdida mientras dormía.
Los hechos ocurrieron en 2014, durante un operativo policial efectuado en la favela de Quintanda, en la zona norte de la capital fluminense.
Por cuatro votos contra uno, los miembros del órgano colegiado siguieron la posición del magistrado Gilmar Mendes, quien dijo que le corresponde al Gobierno regional probar que una acción fue legal cuando ocurre una muerte durante un operativo policial.
"Aunque actúe lícitamente, al alejar el peligro inminente, el (Gobierno regional) es el agente responsable de reparar el daño causado a un tercero inocente", indicó el ministro.
Según la posición defendida por el juez, si no se puede demostrar el origen de la bala perdida, corresponde al Gobierno regional indemnizar a los familiares de la víctima por daño moral.
En los últimos 6 años más de 600 personas han sido víctimas de balas perdidas disparadas durante operaciones policiales en Río de Janeiro.
Datos de la ONG Fogo Cruzado señalan que entre junio de 2016 y noviembre del año pasado, 162 personas fallecieron por balas perdidas durante acciones de los uniformados, de las cuales casi la tercera parte menores de edad, y otras 462 resultaron heridas.
Las operaciones policiales en Río de Janeiro se encuentran entre las más letales de Brasil.
Desde 2017 hasta la fecha se han realizado 250 operaciones policiales en Río de Janeiro, con 1.008 víctimas mortales.
La más letal de todas tuvo lugar en mayo de 2021 en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de Río, donde 27 civiles murieron durante una incursión contra el tráfico de drogas, varios de ellos sin ningún antecedente judicial. EFE
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