La rebaja de penas a delincuentes sexuales marca el 25N en España

Madrid, 25 nov. La rebaja de condenas a delincuentes sexuales en aplicación de una nueva ley marca este año en España el día internacional contra la violencia hacia las mujeres, con el feminismo dividido también sobre otras normas en tramitación para regular el cambio de sexo y la prostitución.

La conocida como ley del "solo sí es sí", pues se basa en el consentimiento expreso de relaciones sexuales sin ningún tipo de violencia, es uno de los proyectos estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuestionada por esta y otras normas pero que ha recibido apoyos incluso desde el exterior, entre ellos presidentes de izquierdas en América Latina.

Mandatarios como los de Argentina, Alberto Fernández; Chile, Gabriel Boric; y Colombia, Gustavo Petro, se han solidarizado estos días con la ministra tras los insultos de tinte machista que recibió de una parlamentaria del partido ultraderechista Vox.

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual elimina el delito de abusos sexuales y define como agresión todo comportamiento sexual sin consentimiento expreso, con lo que la pena mínima es ahora más baja y algunos condenados incluso han salido de prisión, en una aplicación de la norma por parte jueces a los que Montero calificó de machistas.

El Gobierno de coalición entre el partido socialista PSOE y la formación de izquierda Unidas Podemos, a la que pertenece la ministra, espera que el Tribunal Supremo unifique la doctrina, pues otros jueces rechazan esa rebaja, pero la ley supone otra brecha más dentro del Ejecutivo, con varias ministras del ala socialista, alguna de ellas jueza de profesión, a favor de revisar la norma.

DISCREPACIAS SOBRE LEYES

Esas diferencias se aprecian también en otras leyes en tramitación en el Parlamento español, que igualmente dividen al movimiento feminista en España.

Una de ellas es la conocida como ley trans, una reivindicación histórica del colectivo LGTBI para permitir el cambio de sexo por mera voluntad, sin necesidad de tratamientos o informes médicos o psicológicos, ante la que grupos feministas alertan de que derivará en que algunos hombres puedan ocupar espacios reservados ahora para las mujeres.

Los socialistas planten que un juez autorice el cambio de sexo registral a los menores de 16 años y mayores de 12, mientras su socio limita la intervención del juez a menores de 14 y mayores de 12 mientras entre los 14 y los 16 basta con que estén asistidos por padres o tutores.

La ley se tramitaba por un procedimiento de urgencia, pues Igualdad quiere que esté aprobada antes de acabar el año, pero el Parlamento acordó el jueves que el trámite sea más prolongado, a propuesta del principal grupo de oposición, el conservador Partido Popular, que rechaza la libre autodeterminación de género.

Otra ley que divide tanto a la izquierda como al feminismo es la que se debate sobre la prostitución, entre quienes defienden el derecho de las mujeres a prestar servicios sexuales y quienes la consideran una forma de violencia.

Mientras desde la parte socialista se aboga por abolir la prostitución y el proxenetismo, con castigos incluso para los clientes y quienes cedan locales para ejercerla, su socio es más partidario de regularla, incorporando a la legislación laboral a quienes decidan libremente prestar "servicios sexuales" frente a los que conllevan una explotación de mujeres.

Instituciones, entidades sociales y movimientos feministas conmemoran este viernes en España el día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres con actos y manifestaciones a lo largo del país, para recordar a las 38 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. EFE

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