Chile presenta plan de reparación para violaciones a DDHH en protestas de 2019

El gobierno de Chile presentó este martes una agenda de "verdad, justicia y reparación" para afrontar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas sociales que estallaron el 18 de octubre de 2019 para reclamar mejores derechos sociales.

"Es una agenda que apunta a hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el estallido social", indicó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

La agenda propuesta por el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, que asumió en pasado marzo, propone "dar respeto irrestricto a los derechos humanos", indicó el ministerio de Justicia en un comunicado. El plan "tiene por objeto hacernos cargo de nuestra historia y que va en concordancia con medidas descritas en nuestro programa de gobierno", agrega.

En cuanto a la verdad, el gobierno propone un "proyecto de ley para asegurar la persecución penal especializada en DDHH".

A su vez,  a nivel de reparación, se buscará "reformular los programas de salud para víctimas y aumentar las pensiones de gracia". Además, se montará una "mesa de reparación integral para víctimas" de los abusos represivos.

El "estallido social", como se conoce en Chile la revuelta de 2019 frente al gobierno del conservador Sebastián Piñera (2018-2022), comenzó a raíz de protestas de estudiantes secundarios contra el alza del pasaje del metro de Santiago.

Las manifestaciones, algunas violentas, llegaron a convocar en Santiago a más de 1,2 millones de personas, para exigir mejoras en diversas áreas sociales que iban desde educación universal gratuita y acceso a salud pública de calidad. Se registraron también ataques a  estaciones del metro, saqueos, vandalismo y enfrentamiento con las fuerzas especiales de la Polícia.

Al menos 34 personas murieron, más de 400 terminaron con lesiones oculares producto de perdigones y bombas lacrimógenas disparadas por parte de uniformados.

También, hubo denuncias de torturas, vejaciones y abuso de autoridad y miles fueron detenidos de manera arbitraria durante las movilizaciones, que terminaron abruptamente a mediados de marzo de 2020 con la llegada de la pandemia de covid-19.

Las violaciones a los derechos humanos fueron denunciadas por organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y organizaciones como Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).

Para que no se repitan estas violaciones, el gobierno chileno se comprometió a "articular todo el aparato estatal, mediante leyes y políticas públicas, que garanticen la absoluta protección de los derechos humanos, así como medidas para preservar la memoria histórica".

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